- Existen indicios para afirmar que el proceso de licitación fue ajustado a la medida de la Unión Temporal contratista.
- Los contratistas de la obra tienen socios cuestionados y serios escándalos de corrupción en otras obras a nivel nacional, se evidencian nexos con Emilio Tapia y los hermanos Castillo Baute.
- El IDRD de la época le adjudicó la obra a un contratista que ya se sabía que estaba insolvente y ahora no hay quién responda por los casi 4.000 millones de los bogotanos que se robaron los contratistas.
El Concejal Julián Rodríguez Sastoque de la Alianza Verde realizó una denuncia en la Plenaria del Concejo de Bogotá sobre el elefante blanco de la Unidad Deportiva El Salitre en medio de un debate que llamó “¡Nos tocó construir sobre lo destruido!” Con su intervención demostró que desde el proceso licitatorio se presentaron irregularidades que han propiciado el pésimo estado y el abandono en que se encuentra la obra.
Una licitación hecha a la medida
La Unión Temporal San Antonio, contratista de la obra, se presentó a la licitación con una de las propuestas económicas más costosas y con una experiencia en reforzamiento estructural muy inferior a otros oferentes en una única obra, el Estadio Pascual Guerrero de Cali con escándalos de sobrecostos. Además, en la licitación participaron oferentes como el Consorcio Parque C&E 2017, que participó en la audiencia de adjudicación con una mejor propuesta y experiencia. Aun así, el IDRD de la época decidió habilitar sólo a la Unión Temporal San Antonio. Por ello, hay indicios de que esta fue una licitación hecha a la medida del contratista.
Las 3 joyitas de la Unión Temporal
Todas las firmas que integran la Unión Temporal contratista de la obra de la Unidad Deportiva El Salitre tienen escándalos y socios cuestionados.
Construcciones MAJA SAS, integrante con participación mayoritaria (51%) participó en las obras del Estadio Pascual Guerrero de cara al Mundial Sub-20, obras que mojaron prensa en múltiples ocasiones por retrasos y presuntos sobrecostos. También la Contraloría alertó sobre presuntas irregularidades en la contratación de esta empresa en 2019 para obras en el departamento del Bolívar de cara a los Juegos Deportivos Nacionales.
Por su parte, ASECAF SAS, empresa domiciliada en Girardot, está salpicada en uno de los recientes escándalos de corrupción de EMCALI, pues participó en consorcios que presuntamente falsificaron documentos en un proceso licitatorio.
Además, el representante legal de INCOE SAS, Jaime José Barrios Redondo, es accionista de Inversiones Grandes Vías e Ingeniería SAS, empresa que trasladó su domicilio de Cartagena a Bogotá y que siendo especializada en construcciones se ganó un jugoso y exorbitante contrato de batas para por 23.000 millones durante el Gobierno de Duque.
El contratista está quebrado, ¿cómo le responderá a la ciudadanía bogotana?
El Concejal y su equipo se dieron a la tarea de revisar en la Cámara de Comercio de Cali el registro mercantil de Construcciones MAJA SAS, encontrando que, desde el 18 de abril de 2017, antes de la adjudicación de la obra por el IDRD, estaba en proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades y con sus bienes embargados. Lo que quiere decir que ya estaba insolvente, que no tenía capacidad de pago, lo cual está íntimamente relacionado con el nivel de endeudamiento del 61% que reportó al momento de hacer la oferta y que, por supuesto, el IDRD conocía. Aun así, 5 meses después, el 22 de septiembre de 2017, el gobierno de Enrique Peñalosa le adjudicó esta obra tan importante para la ciudad. “Lo último que hizo la administración de Enrique Peñalosa sobre este contrato fue archivar, en diciembre de 2019, el proceso sancionatorio por incumplimiento que les habían abierto” afirmó el concejal Sastoque en su intervención.
En la actualidad, la obra se encuentra en estado crítico, en ruinas, desmantelada e inservible, por lo cual resulta más costoso mantenerla y seguir construyendo sobre ella. El anticipo de $4.302.583.642 no fue invertido en su totalidad y, por tanto, esos recursos de todos los bogotanos y bogotanas se están perdiendo. Solo hasta octubre de 2022 el IDRD logró sancionar al contratista, pues éste utilizó estrategias dilatorias para impedirlo. 16 veces desde noviembre de 2020 hasta octubre de 2022 solicitó la suspensión de la audiencia, supuestamente por incapacidades médicas de su abogada, renuncias y cambios de apoderado e imposibilidad de asistir de ellos. También abusó 2 veces de la acción de tutela para lograr esta suspensión.
Como lo manifestó el Concejal Sastoque “nos quedó un bien de interés cultural en mal estado, las ligas deportivas regadas por la ciudad, un chicharrón legado de Enrique Peñalosa. Un elefante blanco con una enorme complejidad jurídica por las maniobras dilatorias de los abogados de la Unión Temporal”.
¿Dónde han estado los entes de control?
Hasta el momento ni los entes de control, ni la Fiscalía han sancionado a los responsables de este elefante blanco. Particularmente, la Contraloría Distrital sólo ha hecho una auditoría por su Dirección de Cultura, Recreación y Deporte y dado traslado del caso a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que no ha tenido avances en las investigaciones y sanciones.
El Concejal Rodríguez Sastoque cerró su intervención con la pregunta “¿Cómo se recuperarán los casi 4.000 millones de los bogotanos que se robaron los contratistas si Construcciones MAJA SAS está quebrada?”. ¡Nos tocó construir sobre lo destruido!
