Los retrasos en las obras de diferentes localidades de Bogotá son el resultado de la falta de planeación, improvisación con los estudios técnicos y sobrecostos de una administración indiferente.
La concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón Restrepo, alertó sobre 110 irregularidades en la intervención de la malla vial basada en el más reciente hallazgo de la Personería. Durante el 2021 y 2022 las alcaldías locales contrataron más de 1.800 obras por un valor de 350.000 millones de pesos, de las cuales a mediados del 2023 sólo el 49% estaba en ejecución.
“Son 350.000 millones de pesos que están en riesgo por la falta de planeación de la anterior administración. Estos hallazgos demuestran la ineficiencia en las obras por parte de las entidades distritales. Es necesario que la nueva administración de Carlos Fernando Galán le ponga la lupa a estos contratos que representan atrasos, demoras y sobrecostos. Bogotá necesita salir de las polisombras y el caos al que está sometida por cuenta de las obras interminables”, aseguró la concejal del Nuevo Liberalismo.
En sólo el 14% de las obras investigadas por la Personería se encontraron más de 100 irregularidades lo que representa un detrimento en el presupuesto de la ciudad. Las localidades más afectadas por estos retrasos son: Antonio Nariño con sólo un 8% de ejecución, Chapinero con 8.33% y Puente Aranda con el 25%.
“Lo de las suspensiones y prórrogas es escándaloso: En Antonio Nariño se extendió en un 100% el plazo inicialmente acordado, en Suba se suspendió en 4 ocasiones el contrato, en Rafael Uribe Uribe había fijado una entrega en 9 meses y llevan 40 meses en ejecución, en Kennedy la situación es crítica pues 50 de los tramos planeados no se intervinieron y aún se desconoce el porqué”, afirmó Cristina Calderón Restrepo.
Además, el informe de la Personería plantea que los problemas con los estudios técnicos aumentaron los costos de las obras, por ejemplo en Barrios Unidos se modificaron en un 90% los gastos de intervención, en cuanto a Rafael Uribe Uribe se pagó la interventoría por el 15% del valor del contrato de obra, cuando lo razonable en contratación es pagar hasta un 10%, y en localidades como Usaquén, Ciudad Bolívar, Chapinero y Tunjuelito se intervinieron tramos que aún tenían garantías vigentes.
“Es terrible el manejo que se le dio al presupuesto de la malla vial en la administración López. A todas estas irregularidades le haremos seguimiento desde el Concejo de Bogotá. ¡La plata de los bogotanos se debe cuidar!”, finalizó la concejal.
