La denuncia se fundamenta en un informe enviado a alcaldesa local de Usaquén, doctora Julieta Naranjo Lujan, por funcionarios de la alcaldía encargados de dar respuesta a los derechos de petición, de llevar las estadísticas de las peticiones, quejas y reclamos, así como de las respuestas dadas a todas estas solicitudes por la alcaldía.
En el informe se señala que según el sistema ORFEO, mediante el cual se tramitan, se observa la trazabilidad y se lleva el control de la correspondencia en la entidad, con corte al 2 de septiembre de 2015, 5.833 derechos de petición correspondientes a la presente anualidad estaban sin respuesta.
Pero lo cosa es más grave aún si se evalúan los demás años. Por ejemplo para la vigencia 2012, 13.027 solicitudes quedaron sin respuesta. La misma suerte corrieron 12.035 peticiones del año 2013, y 9.798 del año 2014, a las cuales tampoco se les dio oportuna contestación.
Las solicitudes tienen relación con todo tipo de permisos que expiden las alcaldías locales, problemas de ruido, bares, instalación de antenas de comunicaciones sin las debidas autorizaciones, construcciones sin licencia, basuras, etc.
“Es inconcebible que una entidad que esta para ayudar a la comunidad, para tramitar sus solicitudes, y para resolver las problemáticas barriales y vecinales que afectan su convivencia, no atienda y permita tal acumulación de peticiones. Esto sin duda vulnera los derechos de la ciudadanía de esta localidad, por lo que solicito a los entes de control tomen las medidas pertinentes lo más pronto posible con el fin que cesen las afectaciones sobre estas comunidades” señalo Sanguino.
Por otra parte Sanguino también advirtió que “debido al represamiento de las respuestas de los derechos de petición, como a otras irregularidades de tipo disciplinario, la Doctora Julieta Naranjo Lujan tiene abiertos por lo menos 25 procesos disciplinarios ante la Personería de Bogotá, de los cuales 4 son por investigaciones adelantadas desde el año 2012, 11 corresponden al 2013, 4 al 2014 y 6 por irregularidades del presente año.”
Estos señalamientos se suman a las denuncias en contra de la funcionaria por celebración indebida de contratos, ante las cuales un fiscal anticorrupción le imputó cargos el pasado 2 de junio de 2015.
