El concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, aseguró que después de años de democratización de la contratación pública se siguen monopolizando negocios a costas de los bienes públicos como lo es en el caso del mobiliario, y que en la nueva licitación para este hay un posible direccionamiento para favorecer a un privado, además de ocultamiento de información.
Torrado explicó que existe “un golpe directo a la transparencia del proceso”, argumentando que la administración está solicitando para esta nueva licitación paraderos tipo 1 con módulos con características técnicas y tecnológicas, producto que se encuentra patentado y que ofrece solo una empresa en Colombia.
“El problema radica en que ese diseño particular le puede terminar costando al adjudicatario del contrato de mobiliario miles de millones de pesos, por una sencilla razón: ese diseño se encuentra patentado en Colombia y está sujeto a los derechos de propiedad intelectual protegidos por la Superintendencia de Industria y Comercio”, indicó.
Asimismo, advirtió que, si se llegara a adjudicar la licitación, el contratista tendría que pagar por el uso del diseño al dueño de la patente lo que él mismo quiera pedir porque en eso consiste la propiedad intelectual.
“Yo considero que esto es un golpe bajo a la transparencia y a las normas de contratación estatal, porque hay un negocio muy jugoso detrás de esta licitación que se ha ocultado por meses a la ciudadanía”, agregó.
El cabildante cuestionó tanto que posiblemente el Distrito no sepa de la existencia de la patente y pueda estar incurriendo en el robo de un diseño, lo que le podría generar multimillonarias demandas a la ciudad; o que esté ocultando información vital para la participación de oferentes con el objetivo de favorecer a un privado.
Finalmente, el concejal Torrado pidió a los órganos de control revisar el tema y rechazó que el Distrito quiera sacar una licitación que promueva el control absoluto del mobiliario urbano por parte de un único operador privado, poniendo como ejemplo el sistema de transporte público y el de aseo donde hay varios contratistas y existe pluralidad.
“Estamos repitiendo y perpetuando los errores de un negocio que fue muy rentable para un privado durante 18 años, y muy poco favorable para el Distrito”, concluyó.
