Bogotá marzo 7 de 2013. Como concejal de Bogotá quiero denunciar públicamente que la administración distrital, sabía desde el año pasado, que las URI o UPJ estaban a punto de colapsar por hacinamiento y que se hacía urgente la construcción de nuevos centros para la administración de justicia para quienes resulten comprometidos en la realización de conductas contravencionales o punibles.
El 13 de septiembre del año pasado el Director Seccional de Fiscalías de Bogotá le envió el oficio numero 1238 a la gerente del Fondo de Vigilancia Natalia de la Vega Sinisterra, con el plan de inversiones para 2013, donde solicitaba con urgencia 30 mil millones de pesos para la construcción de dos centros de atención unificados para las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar
El argumento de la Fiscalía para dicha solicitud fue “garantizar una eficiente, permanente y coordinada actuación de las instancias administrativas y judiciales, con el fin de obtener condiciones adecuadas para el efectivo ejercicio de los derechos individuales y sociales de los ciudadanos”.
Sin embargo a la fecha de hoy las solicitudes no han tenido ningún tramite, el hacinamiento denunciado por la Defensoría del Pueblo es dramático y vulnera los derechos humanos de detenidos y funcionarios, en una administración que se autodenomina humana.
Pero lo mas grave es que para solucionar este hacinamiento se requerían solo 30 mil millones de pesos y la actual Gerente del Fondo de Vigilancia dejó perder por no ejecutar mas de 60 mil millones de pesos del presupuesto del año anterior
Anexo a esta denuncia copia de la solicitud del Director Regional de Fiscalías de Bogotá y copia del plan de inversiones para 2013 de la Fiscalía que debía ser tenido en cuenta por el Fondo de Vigilancia
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