El ejercicio de un poder desmesurado tiene al vecino país en la peor crisis de su historia, ya sin el órgano de representación popular más importante, los venezolanos quedan en manos del gobierno y del poder judicial del país; dos poderes unidos para consolidar la dictadura.
El Gobierno no solo logró disolver la separación de los poderes, desde hacía tiempo venía preparando el camino con leyes habilitantes quitándole al legislativo su función y sometiendo al poder judicial, debilitando la economía, dejando a los venezolanos hundidos en la total pobreza, hostigando a la prensa y acabando con la oposición; símbolos éstos de una clara autoracia.
Los efectos de la crisis no serán ajenos a Colombia; si ya veíamos el éxodo de venezolanos que desesperados buscaban una oportunidad en nuestro país, el fenómeno a partir de ahora será peor; la decisión de la Canciller Holguín de llamar a consultas al Embajador es acertada, si bien Colombia debe actuar debe hacerlo con prudencia, respetando el derecho a la libre determinación de los pueblos, principio de soberanía e independencia del derecho internacional.
Debemos tomar medidas, preparar a las ciudades para lo que será una acogida en masa de venezolanos y esperar a que organismos internacionales como la OEA y Naciones Unidas actúen, confiando en que la crisis se resuelva restableciendo los derechos de todos sus nacionales.
