No resulta difícil adivinarlo. Es evidente que Santos pensó más como candidato que como Presidente de la República cuando ratificó la destitución y muerte política del Alcalde elegido Gustavo Petro. Pero como candidato de bajo vuelo. Porque hay quienes en campaña intentan seducir al electorado mostrando talante de estadistas. Y se empeñan en demostrarlo sobre todo en asuntos de Estado como la paz interna y las relaciones internacionales. Temas en los que Santos acaba de hacer todo lo contrario al desacatar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares para Petro.
El candidato/Presidente desperdició una oportunidad de oro. No le era difícil mantener la tradición colombiana de respetar el derecho internacional. Honrar una solicitud emanada de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos, uno de los más sólidos y respetados en el mundo. Y argumentar que la Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad de nuestra Carta Política. Tampoco le faltaban razones para demostrar que el Estado Colombiano ofrece plenas garantías a quienes sustituyen la insubordinación armada por la lucha política institucional. Y tenía la ocasión para suspender temporalmente una sanción disciplinaria desproporcionada que puede ser aplicada a sus propios funcionarios por equivocaciones en el cumplimiento de sus funciones públicas. Con una decisión suya en sentido contrario hubiera enviado un mensaje democrático al permitir un pronunciamiento en las urnas de la ciudadanía sobre la continuidad del Alcalde en el cargo.
Pero prefirió, repito, la política en pequeño. Aprovechó más bien la oportunidad para intentar controlar el aparato publico de la Capital y administrar directamente un billonario presupuesto y 60 mil funcionarios entre empleados de planta y contratistas, que le pueden ser de gran utilidad en una campaña reeleccionista que no escatima ningún esfuerzo en el uso de los recursos públicos con fines electorales. Dicen fuentes muy confiables que el Gobierno Nacional se propone dilatar el trámite de la terna que en buena hora decidió presentar el antiguo movimiento Progresistas y evitar la convocatoria de elecciones atípicas que escogería el Alcalde en propiedad que termine el periodo constitucional, para que el designado Rafael Pardo actué como agente del Presidente hasta el 31 de diciembre del 2015. Una pisoteada a la Constitución y al Estatuto Orgánico de Bogotá. Un regreso al Virreinato de la Nueva Granada.
El candidato/Presidente Santos no ha escondido su ambición electoral por Bogotá. Días atrás lanzó su autista y lacónico “Pacto por Bogotá”. Y ahora convocó a un Consejo de Ministros sobre Bogotá como acto seguido al encargo de Pardo como Alcalde, como si quisiese sustituir el Consejo de Gobierno que es el órgano institucional responsable de la administración de la Capital. Solo le falta convocar la Mesa de Unidad Nacional para que sus partidos se repartan la burocracia y la nueva mermelada distrital a la usanza de como se reparte nacionalmente. E importar a Bogotá el modelo de gerencia pública demostrado en la fallida reubicación de Gramalote o el modelo de seguridad urbana desplegado en Buenaventura.
