En una reunión realizada el pasado martes en el Concejo de Bogotá, con la presencia de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), El Concejal Onzaga y padres de familia de estudiantes con Discapacidad, se discutió con preocupación la decisión de la administración distrital de revisar a los casos de estudiantes con discapacidad que actualmente reciben formación en las aulas de apoyo, con el fin de trasladarlos a aulas convencionales.
Las comunidades educativas y los asistentes expresaron su rechazo contundente a esta medida, al considerarla un cierre encubierto de las aulas de apoyo, lo cual pondría en grave riesgo el derecho a una educación de calidad para cientos de niñas y niños con discapacidad en la ciudad.
Actualmente, Bogotá cuenta con:
- 42 colegios con aulas de apoyo, en las que estudian alrededor de 1.500 estudiantes con discapacidad.
- 123 docentes de apoyo pedagógico asignados para acompañar sus procesos.
- Un sistema que beneficia a más de 6.000 estudiantes con discapacidad, de los cuales 221 presentan discapacidad múltiple y cerca de 1.000 son estudiantes con Síndrome de Down.
Durante la reunión, padres y cuidadores recordaron que estas aulas han demostrado ser espacios pedagógicos fundamentales, pues protegen a los estudiantes de situaciones adversas en aulas regulares, como el bullying, y les garantizan una educación adaptada a sus necesidades.
“La educación inclusiva no se trata de invisibilizar las diferencias. Las aulas de apoyo son una herramienta de dignidad, no de segregación. Cerrarlas sería un retroceso en los derechos adquiridos de las personas con discapacidad”, señalaron los voceros de las familias.
Desde el Concejo de Bogotá hacemos un llamado a la Secretaría de Educación para que no cierre las aulas de apoyo y, por el contrario, las fortalezca con más recursos humanos, técnicos y pedagógicos. La inclusión no puede significar precarización ni desconocimiento de las realidades de los estudiantes con discapacidad.
El compromiso del Concejal Onzaga es seguir trabajando de la mano de las familias, la comunidad educativa y la administración distrital, para garantizar que en Bogotá ningún niño, niña o joven con discapacidad quede por fuera del sistema educativo ni vea vulnerado su derecho a un proyecto de vida digno.
