Durante el debate de control político sobre el Estatuto de la Oposición, el concejal étnico Taita Óscar Bastidas Jacanamijoy alertó sobre la grave crisis de calidad del aire que enfrentan los bogotanos, señalando que este problema deteriora la salud de los ciudadanos. “En sectores como Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Fontibón, las comunidades están pagando el precio más alto. La contaminación del aire es una crisis de salud pública y una profunda injusticia social.”, afirmó el cabildante.
La calidad del aire se mide con el Índice de Calidad del Aire (ICA). Valores entre 0 y 50 son considerados “buenos”, de 51 a 100 “moderados”, y por encima de 100 se catalogan como peligrosos. En casos extremos, un ICA superior a 200 constituye una emergencia ambiental. En julio de 2025, el promedio en Bogotá se ubicó entre 17 y 26, sin embargo, en zonas industriales como Puente Aranda se superó los límites establecidos por la Resolución 2254 de 2017. En agosto, el ICA subió a un promedio de 38, con picos de 40, impulsado por incendios, polvo de obras e inversión térmica. El IBOCA mostró datos alarmantes: Carvajal–La Sevillana registró picos de 162 en PM10; Kennedy alcanzó 120 en PM2.5; y la estación Móvil Fontibón reportó hasta 160 en PM10, superando los estándares permitidos.
La contaminación atmosférica no solo degrada el ambiente, también cobra vidas. Según el IDEAM, en Colombia más de 17.500 personas mueren cada año por la contaminación del aire y el agua. En Bogotá, en lo que va del año, se han registrado 224.000 casos de asma y EPOC, con 137 muertes confirmadas. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, con 23 muertes; Kennedy y Engativá, con 16 cada una; Bosa, con 15; y Usme, con 12. “Esto refleja una injusticia ambiental: los barrios cerca de carreteras, fábricas y obras respiran el peor aire, agravando la desigualdad”, recalcó Bastidas Jacanamijoy.
Pese a los datos, el concejal denunció que las autoridades no están actuando con la urgencia que la crisis demanda. La Secretaría de Ambiente destaca programas como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA) y el Plan Aire 2030. Sin embargo, estas estrategias no han evitado los picos de contaminación, ni garantizan acciones inmediatas. Uno de los problemas más graves es la falta de representatividad en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Entre enero de 2024 y abril de 2025, gran parte de las estaciones no alcanzaron el mínimo de 75% de datos válidos, lo que impidió realizar análisis consolidados y mapas de representación espacial. A ello se suma que estaciones claves como Carvajal, Jazmín, Usaquén, Tunal, Bolivia, San Cristóbal y MinAmbiente se encontraban fuera de operación o presentaban fallas para ciertos indicadores al 3 de septiembre.
Frente a la gravedad de los hallazgos, el concejal expuso que interpondrá una queja disciplinaria ante la Personería contra la Secretaría Distrital de Ambiente por presuntas conductas que configuran faltas disciplinarias de conformidad con la Ley 1952 de 2019.
Bastidas también cuestionó que la Secretaría de Salud no implemente programas preventivos focalizados en las zonas más expuestas, y criticó la lentitud de la Secretaría de Movilidad para avanzar en la transición hacia una movilidad sostenible. Aseguró que el pico y placa solidario parece ser más una fuente de ingresos que una verdadera medida ambiental. Asimismo, recordó que, aunque el Metro de Bogotá promete reducir 171.000 toneladas de gases contaminantes en el futuro, hoy su construcción genera polvo, talas de árboles y graves impactos en zonas como Kennedy y Bosa, lo cual resulta incoherente con los objetivos ambientales.
El concejal insistió en que Bogotá necesita acciones inmediatas y concretas. Entre sus propuestas destaca la importancia de contemplar iniciativas de la ciudadanía y de la academia, resaltando proyectos como: “Fortalecimiento de la gobernanza del aire en el suroccidente de Bogotá D.C.”, los cuales se convierten en un aporte concreto al Distrito para cerrar este vacío institucional; también, propone realizar auditorías independientes a las obras del Metro para controlar el polvo y proteger a los barrios afectados; ampliar las ZUMA hacia localidades como Kennedy, Tunjuelito y Fontibón con participación activa de la comunidad; duplicar el número de buses eléctricos en 2026, retirando de circulación los buses diésel; y poner en marcha programas preventivos de salud en las zonas más expuestas, priorizando la atención de niños y adultos mayores.
“Debemos escucharnos, construir y tener en cuenta que el aire sucio es un problema ambiental y una injusticia que roba salud y vida”, concluyó el concejal étnico Taita Óscar Bastidas Jacanamijoy.
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