Las opiniones sobre las protestas sociales están divididas por quienes consideran que las instituciones pertenecientes a la Fuerza Pública abusan de la autoridad y ejercen control únicamente para reprender y por otro lado están quienes recalcan su importancia para la seguridad de los ciudadanos durante los actos vandálicos. Sin embargo, a pesar de ver los hechos cometidos por varios vándalos a bienes públicos y a ciudadanos, algunos concejales siguen llamando a paro y al desmonte del ESMAD.
El Concejal Humberto Amín, asegura que algunos sectores están convocando al paro con fines obstructivos para los ciudadanos y cercenan la voluntad y las libertades de las personas que deciden no marchar, “convocan al paro para que los niños no vayan a los colegios, los comercios no operen y los trabajadores no trabajen, para ellos esto es lo que significa un paro, algo que dista mucho de la huelga o de la manifestación política, los cuales si están respaldados por la Constitución ”.
Según el cabildante se está confundiendo el derecho a la manifestación pública y pacífica con el concepto de paro. “la protesta social no puede suponer el paro de actividades, esto sería coaccionar a las personas en sus libertades. A esto se le llama “paro”, lo cual no está contemplado en la Constitución como un derecho. Lo mismo sucede en la huelga, la cual se debe respetar pero no puede obligarse el paro de ninguna actividad, porque esto se encuentra taxativamente prohibido en el Código Sustantivo del Trabajo, mas específicamente el ART. 379, Numeral E”
El concejal afirma que “el derecho a la manifestación pública y pacífica, no puede anteponerse a otros derechos fundamentales, como lo es el derecho al trabajo o a no ser torturado, como hemos visto, incluso prendiendo fuego a oficiales de la Policía Nacional. En una ponderación de derechos, vemos que la manifestación o la protesta social tiene limite, y este limite se encuentra cuando se atenta contra los derechos de las otras personas. La premisa ineludible es que, “mi derecho va hasta donde empieza el derecho del otro”.
Para Amín, se necesita autoridad en la calles durante estas manifestaciones, pues el derecho a protestar no puede primar sobre el derecho de los demás a circular libremente por el espacio público. Así mismo, afirma que se hace necesario el Escuadrón Móvil Antidisturbios para proteger los bienes públicos y privados de la ciudad, garantizar seguridad y dispersar los bloqueos que afectan a cientos de bogotanos que deben transportarse a pie por falta de transporte público.
Los desmanes producidos, el incremento de la inseguridad de quienes legítimamente decidieron no marchar, el destrozo de inmuebles, la pérdida de recursos públicos y la paralización de la actividad productiva, siguen siendo las consecuencias de las convocatorias a Paro, que algunos sectores imponen sobre el derecho a trabajar y desarrollar actividades diarias sin bloqueos.
El Concejal del Centro Democrático recalca que la Alcaldía no puede permitir el diálogo con encapuchados ni permitir el llamado a “Paros” que buscan desestabilizar la economía y productividad de la ciudad.
