La situación de los habitantes de calle que hoy tiene, por una parte, agobiados a los residentes de la localidad de Puente Aranda; pero por otra, a cientos de hombres y mujeres a merced de las inclemencias propias de la calle, no puede ser responsabilidad exclusiva del Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud). Se trata de una problemática compleja que desborda la capacidad de esta entidad, así lo señaló la concejala del Polo Democrático, Xinia Navarro, quien ha abordado este tema desde que se desempeñó como alcaldesa local de la Candelaria, en donde implementó un efectivo programa que mantuvo indicadores positivos de seguridad en la localidad y una sana convivencia entre sus residentes y este tipo de población.
Precisó que desde que se hizo la intervención en el Bronx hace dos años han surgido nuevas dificultades que evidencian la gravedad de que se haya hecho semejante desalojo sin tener un plan de contingencia, sin que existiera y sin que exista aún una política pública de habitante de calle.
Consecuencia de dicha improvisación de la administración de Enrique Peñalosa, aparecieron nuevas condiciones de inseguridad que agravan la ya existente problemática de la localidad de Puente Aranda. A ello se suman las concentraciones cada vez mayores de habitantes de calle que se aglutinan en la carrera 30 con calle 6, no porque ellos así lo decidan, sino porque ese es el lugar en donde los dejan los buses distritales que los recogen después de que la mayoría de ellos se niega a permanecer en un hogar de paso.
“La Corte Constitucional en la Sentencia T-043 de 2015 es garantista del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si las personas no quieren permanecer recluidas en una institución, es una voluntad que se debe respetar, pero el Distrito no se puede escudar en dicho fallo para no ofrecer una política integral que aborde la problemática en todas sus dimensiones”, afirmó la cabildante.
La concejala Xinia Navarro y el edil de Puente Aranda, Mauricio Avellaneda hicieron varios recorridos a las zonas afectadas y visitaron los hogares de paso. Allí verificaron que el Idipron cumple con su responsabilidad, la de cuidar a esta población y brindarles un trato humanitario en los cinco hogares que existen en la localidad. Pero cuestionó ¿qué sucede cuando estas personas deciden regresar a la calle, o con los nuevos habitantes de calle que son recogidos de otras partes y dejados allí?, en ocasiones alcanzan a congregarse hasta 400 personas.
“Las Secretarías de Seguridad y de Gobierno deben asumir la responsabilidad que les corresponde frente a los habitantes de calle, máxime si al conflicto se le mezclan problemáticas de mafias, expendio y consumo de drogas, hurtos y atracos callejeros, entre otros, y no es atropellando ni agrediendo al habitante de calle, urge una intervención integral en la que se preserve el trato humanitario a esta población, pero también se garantice la seguridad de todos los habitantes; la sentencia de la Corte Constitucional no es una barrera para implementar dicha política pública” puntualizó Xinia Navarro.
