La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendió el pasado 14 de abril la licencia de funcionamiento de 31 empresas del sector por presunta infiltración criminal y su posible uso para facilitar actividades ilícitas. Entre las compañías sancionadas se encuentra Águila de Oro de Colombia.
Frente a esta decisión, la concejal Diana Diago denunció que esta empresa, señalada por presuntos vínculos con estructuras criminales, tiene un contrato en ejecución con la Secretaría de Movilidad por $38 mil millones para la prestación de servicios de seguridad privada.
Fuente: Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada
La cabildante del Centro Democrático le puso la lupa al contrato 2995 de 2025 cuyo objeto es “contratar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, móvil, con y sin armas y vigilancia con medios tecnológicos en las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de las que sea legalmente responsable”. El contrato con acta de inicio del 16 de junio de 2025, vigente hasta el 15 de diciembre de 2027 fue suscrito con la Unión Temporal AHM Seguridad 2025, conformada por las empresas Helam Seguridad Ltda. y Águila de Oro de Colombia Ltda., esta última con la licencia de funcionamiento recientemente suspendida.
Diana Diago denunció que una empresa señalada por al parecer vínculos criminales está a cargo de la seguridad de la Secretaría de Movilidad, incluidos los patios de vehículos inmovilizados.
Fuente: Estudios Previos del Contrato 2995 de 2025
“Es gravísimo que una empresa señalada por presuntos vínculos criminales esté a cargo de la seguridad de la Secretaría de Movilidad y, aún más grave, de los patios donde se custodian los vehículos inmovilizados de los bogotanos” cuestionó la concejal Diana Diago.
Fuente: Documentos del Contratista - SECOP II
La cabildante le exigió al alcalde Galán y a la Secretaría de Movilidad tomar acciones teniendo en cuenta que la empresa Águila de oro ya no cuenta con licencia de funcionamiento. “Hoy la pregunta es: ¿qué va a hacer el Distrito? ¿Qué va a pasar con este contrato? ¿Quién va a asumir la seguridad de las instalaciones de la secretaría de seguridad?” cuestionó la cabildante.
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