En lo corrido de este año y bajo la responsabilidad del Secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, en el marco de la implementación de una reforma a la salud, aprobada en el Concejo capitalino el pasado mes de abril por iniciativa de la Administración de Enrique Peñalosa, los indicadores de salud de los bogotanos vienen en un franco deterioro.
Las promesas de Luis Morales en el trámite del Acuerdo 641 del 2016 aún están por cumplirse. Peor aún, todo indica que están produciendo el efecto contrario. Comparando la sumatoria de las peticiones, quejas y reclamos -PQRs- entre los años 2015 y 2016 en el periodo enero/septiembre, se encuentra un incremento en cinco de los 11 indicadores.
Mientras que por el no suministro de medicamentos se presenta un incremento del 51%, las dificultades para acceder a los servicios de salud aumentaron en un 89% y en un 3.5% la no prestación oportuna de los servicios. Ello revela un aumento de las barreras tecnológicas, administrativas y geográficas para el acceso de los ciudadanos al sistema de salud de la ciudad.
La otra gran equivocación de Morales y su equipo de trabajo y que agravan los indicadores de salud, es el desmantelamiento de la estrategia “Territorios Saludables”, referente positivo en materia de promoción y prevención en salud para el país y el continente. Esta estrategia incluía, además, vigilancia epidemiológica, salud ambiental y salud laboral desde un enfoque de salud comunitaria. 83 microterritorios en poblaciones de estratos 0, 1, 2 y 3 en las 20 localidades atendidos por 1005 equipos territoriales de salud, han ido desapareciendo por la temeraria decisión del Secretario de Salud de Bogotá.
Esto además, conlleva a una verdadera masacre laboral, con el despido de cerca de 10 mil contratistas entre médicos, enfermeras y psicólogas, que se adelantó con el prurito ideológico de Morales de que "Territorios saludables” era una estrategia Castrochavista". Además, esto provoco el aumento de la congestión en los servicios de urgencias y de consulta externa en la red pública hospitalaria; decisión que priva a la ciudad de una estrategia para la detección temprana y la prevención de enfermedades, la educación y el fomento de una cultura de salud preventiva en las comunidades y la reducción de brechas de inequidad social y territorial.
Para quienes piensan que los niños mueren de hambre solo en la alta Guajira o en el Chocó, hay que decirles que esa vergonzosa realidad, también, ocurre en Bogotá. Según la herramienta SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud en lo corrido del año se registran 12 niños muertos por desnutrición. Mientras que la mortalidad por EDA (Enfermadad Diarreica Aguda), de niños entre cero y cuatro años pasó de dos a seis casos, la mortalidad por IRA (infección respiratoria aguda) aumentó en 10 casos, llegando a 123 niños muertos y la morbilidad materna extrema, llegó a la fecha a 5.656 casos, con un aumento del 33%, respecto al año 2015.
Una revisión al tiempo para el otorgamiento de citas de consulta externa en los hospitales de El Tunal, Suba, Bosa, Centro Oriente y Kennedy, cuya reducción fue otra de las promesas de la reforma de Morales, indican un aumento inocultable en todos los servicios. A ello, se agregan los cotidianos episodios de faltantes de medicamentos e insumos hospitalarios como resultado de una regresiva centralización de la provisión de estos y de posibles presiones indebidas sobre las firmas contratadas para ello por parte de altos funcionarios del nivel central de la Secretaría de Salud.
Y siguen más promesas incumplidas hechas por el Secretario de Salud de Bogotá, Luis Morales. Al mes de agosto del presente año, persiste un déficit de 276 camas para hospitalización, cuya reducción fue prometida el día de su posesión. En cuanto al desempeño financiero de la red pública hospitalaria, a la fecha el déficit operacional superan los 82 mil millones de pesos, con un incremento del 369% respecto al déficit del año anterior, que llegó a un poco más de 22 mil millones de pesos. Mientras que el déficit de la EPS distrital Capital Salud pasó de 300 mil a 800 mil millones de pesos, cifra preocupante para los miles de bogotanos que son atendidos por esta entidad.
Como lo han dicho los críticos al Acuerdo 641 de 2016, pomposamente llamada "reforma a la salud de Bogotá", está fue una mera reforma administrativa que centralizó toda la contratación del sector de la salud pública, sin blindarla frente a la amenaza de la corrupción, que a cambio de resolver los problemas de gestión los agravó y que viene desmontando los avances derivados de un enfoque de derechos para sustituirla por una entronización de la lógica del mercado en la atención de un derecho fundamental. Mejor dicho, en materia de salud en Bogotá, el remedio está resultando peor que la enfermedad.
@AntonioSanguino
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