- Solo el 3,16% del arbolado urbano ha sido evaluado entre 2023 y septiembre de 2025
- De los árboles evaluados por presunta condición de riesgo, casi 8 de cada 10 requirieron intervención prioritaria.
- Al ritmo actual de evaluación, revisar todo el arbolado urbano podría tomar cerca de 30 años.
En Bogotá, los árboles hacen parte del paisaje cotidiano: están en las calles, en los parques, frente a las casas y acompañan la vida diaria de millones de personas. Sin embargo, las cifras oficiales muestran una realidad alarmante: en la ciudad se están cayendo árboles todos los días.
Entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 2.464 árboles caídos o volcados, lo que equivale a más de dos árboles por día, es decir, aproximadamente un árbol cada 10 horas, según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente.
El concejal Fabián Andrés Puentes advierte que este no es un hecho aislado, sino una señal de alerta sobre el estado del arbolado urbano:
“No estamos hablando de casos aislados. En Bogotá se están cayendo árboles todos los días, y eso representa un riesgo para las personas.”
Aunque estos eventos representan cerca del 0,17 % del total del arbolado, su impacto es directo, ya que ocurren en zonas donde transitan ciudadanos: vías, parques, andenes y barrios residenciales.
Además de las cifras generales, en los últimos meses se han registrado varios casos que evidencian el impacto de esta problemática en distintos sectores y barrios residenciales de la ciudad. En abril de 2026, un árbol de gran tamaño cayó sobre un taxi en la avenida La Esperanza con carrera 81, en Fontibón, provocando cierres viales y la atención de organismos de emergencia. En mayo de 2026, otro árbol cayó en la vía Suba–Cota con carrera 110, generando afectaciones a la movilidad y la intervención de Bomberos Bogotá. Más recientemente, las lluvias provocaron la caída de un árbol en la calle 112 con carrera 14, en Usaquén, obligando al cierre preventivo de la vía.
“Estos casos muestran que no estamos hablando de situaciones hipotéticas. Son hechos reales que afectan la movilidad y pueden poner en riesgo a los ciudadanos”, señaló el concejal Puentes.
El panorama se vuelve más preocupante al revisar el nivel de evaluación. Bogotá cuenta con más de 1,4 millones de árboles en el espacio público; sin embargo, entre 2023 y septiembre de 2025 la ciudad ha evaluado 44.259 árboles, lo que equivale a apenas el 3,16 % del total del arbolado urbano.
Dentro de ese universo, la Secretaría Distrital de Ambiente reportó 31.249 evaluaciones a árboles en presunta condición de riesgo, es decir, aquellos que ya presentaban señales de posible afectación.
Llama la atención que, cuando la ciudad revisa un árbol por posible riesgo, en la mayoría de los casos encuentra un problema. De los evaluados, 24.731, casi 8 de cada 10, requieren intervención prioritaria.
“Cuando la ciudad revisa un árbol por posible riesgo, en la mayoría de los casos confirma que sí necesita intervención. Eso muestra que el problema no es menor, es estructural”, señaló el concejal Puentes.
Además, durante 2025 se identificaron 7.634 árboles con riesgo medio a alto. A esto se suma que cerca del 40 % del arbolado urbano pertenece a especies con mayor tendencia al volcamiento o a la caída de ramas.
Para el concejal Puentes, el problema va más allá de las cifras puntuales y refleja una dificultad estructural en la gestión del riesgo:
“La ciudad no puede seguir actuando cuando el árbol se cae. La tarea de la administración es evitar que eso ocurra, con metas claras, seguimiento público y resultados verificables.”
Además, el concejal Puentes advirtió que este panorama también debe analizarse a la luz de los recursos destinados para el manejo del arbolado urbano.
Según cifras oficiales, el presupuesto ejecutado por la Secretaría Distrital de Ambiente para el manejo del arbolado urbano pasó de $5.229 millones en 2022 a $2.987 millones en 2024, lo que representa una disminución cercana al 43 %. Aunque en 2025 aumentó a $3.659 millones, aún se mantiene aproximadamente un 30 % por debajo de los niveles de 2022.
Esto exige que la Administración Distrital deje de actuar de manera reactiva y avance en una estrategia preventiva real que permita reducir el riesgo para los ciudadanos.
