El pago de impuestos constituye uno de los pilares del contrato social entre la ciudadanía y el Estado; sin embargo, este compromiso solo puede sostenerse cuando el cumplimiento ciudadano se ve correspondido con una administración pública eficiente, confiable y justa. Ese fue el eje central del debate de control político sobre la Proposición 1112, realizado en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, donde desde la curul del MAIS, el concejal Oscar Bastidas evaluó la efectividad y eficiencia de los trámites tributarios y los canales de atención ciudadana en Bogotá durante 2025.
Las cifras del Distrito revelan un problema frente al pago del predial por parte de los ciudadanos. Al cierre de 2025, más de 332.000 predios, cerca del 12 % del total de los predios, se encontraban en mora de este impuesto, acumulando una deuda superior a 1,23 billones de pesos. A esto se suman más de 200.000 contribuyentes en mora por otros impuestos, como ICA y vehículos, con obligaciones que superan los 725 mil millones de pesos.
Herramientas como el descuento por pronto pago y el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) fueron concebidas para facilitar el cumplimiento; sin embargo, ha mostrado fallas importantes en su implementación, tales como falta de seguimiento, comunicación y acompañamiento institucional, teniendo como resultado el incumplimiento de cuotas en 2025 por parte de los contribuyentes, acumulando deudas mayores por falta de seguimiento. Es decir, un mecanismo pensado para aliviar la carga terminó agravando la situación financiera de muchos hogares.
La modernización tecnológica tampoco ha cumplido sus promesas. La plataforma BogData, presentada como eje del nuevo modelo de gestión tributaria, continúa siendo un obstáculo. Entre 2022 y 2025, 7.912 pagos digitales por más de 11.382 millones de pesos no fueron aplicados oportunamente a las cuentas de los contribuyentes.
En los canales presenciales, las largas filas, los tiempos de espera excesivos y la limitada capacidad resolutiva evidencian un modelo de atención centrado en la “autogestión”, que excluye a quienes no tienen acceso a tecnologías digitales. Esta exclusión es grave si se considera que el 78,2 % de la población sigue usando efectivo como principal medio de pago y que el 32,5 % no cuenta con productos financieros. Adultos mayores y sectores vulnerables enfrentan barreras reales para cumplir con sus obligaciones.
Finalmente, la persistencia de tramitadores alrededor de las sedes de atención es síntoma de un sistema que no responde. La falta de soluciones claras ha permitido que intermediarios cobren por trámites gratuitos, incluso exponiendo a los ciudadanos a riesgos legales. A esto se suma la ausencia de enfoques diferenciales para cabildos indígenas, y poblaciones con necesidades específicas.
El debate dejó una conclusión clara: mientras los errores del sistema sigan trasladándose al ciudadano y la experiencia del usuario no sea el centro de la gestión, la confianza fiscal seguirá deteriorándose. Una administración tributaria moderna no se mide solo por recaudar más, sino por recaudar mejor y con justicia.
Elaborado por: Nathalia Rodríguez – Oficina de Comunicaciones H.C. Oscar Bastidas
