" style="display: block;">Este martes se adelantó un debate de control político sobre el Plan Terrazas, que fue concebido en 2020 por la administración de Claudia López como un piloto sin experiencia previa.
Este programa pretendía mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares a partir de un mejoramiento de vivienda y prevención del riesgo para los hogares en caso de sismos, cuyos beneficiarios se concentrarían en las localidades de Santa Fé, San Cristóbal, Usme, Suba. Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, con una meta excesivamente ambiciosa de 1.250 viviendas.
Sin embargo, a diciembre de 2023 apenas se habían entregado 114 unidades. Esto representa apenas un 9% de cumplimiento.
“El diseño sobreestimó la capacidad operativa e institucional del Distrito, ejecutando obras sin subsidios asegurados, solo 958 de las 1.067 viviendas contratadas contaron con subsidios y algunas subsidiadas no fueron asignadas a contrato de obra”, señaló el concejal Jesús David Araque.
Los contratos fueron adjudicados a operadores que incumplieron gravemente:
- Grupo 2: Consorcio Bogotá Adelante 2021
- Grupo 3: Consorcio Mejoramiento Hábitat 2021
- Grupo 6: Unión Temporal Avanza Bogotá
- Grupo 10: Consorcio Construcciones Bogotá 2021 (sin ejecución de obra)
- Grupo 11: Consorcio Terrazas 2021 (contrato firmado, sin iniciar ejecución)
Estas fallas dejaron decenas de hogares con obras inconclusas, afectaciones estructurales, sobrecostos en arriendo, servicios públicos, daños a terceros y profundas afectaciones psicológicas.
Las personas afectadas
El caso de doña Luz, documentado por la Veeduría Distrital, es uno de los más dolorosos. Su vivienda fue parcialmente intervenida y abandonada por el contratista, sin garantizarle el arriendo prometido durante las obras. Su salud se vio gravemente afectada, y su caso fue remitido a la Personería Distrital.
“La Personeria constató la desarticulación entre la Caja de la Vivienda Popular y la Secretaría de Hábitat durante la alcaldía de Claudia López. Estos errores no pueden volver a cometerse porque es la dignidad de los beneficiarios la que está en juego.
Reconozco la voluntad y los grandes esfuerzos que está haciendo la Caja de Vivienda Popular en la administración de Carlos Fernando Galán para tratar de subsanar este terrible problema”, añadió el concejal.
¿Qué está haciendo la actual alcaldía para corregir los errores?
Esta administración ha llevado a cabo una gestión comprometida con el cumplimiento de los objetivos del programa, a pesar de las dificultades encontradas en el camino.
Según la Caja de Vivienda Popular, este compromiso se basa en dos factores: uno de índole jurídica y otro de responsabilidad social. Desde el punto de vista jurídico, la administración anterior dejó una suscripción contractual que impedía la culminación del programa. Los beneficiarios de los subsidios ya tienen un derecho adquirido, por lo que es necesario continuar con un proceso que quedó incompleto.
“En la actualidad, alrededor de 200 familias siguen a la espera de la finalización de este programa. Desde la responsabilidad social, es esencial para esta administración garantizar que las familias desplazadas no se queden sin hogar”, puntualizó el cabildante.
