El Concejal Castellanos como citante principal en primer debate de la Comisión de Hacienda sobre valorización para esta administración advirtió: “Es increíble que el estatuto de valorización no establezca los argumentos técnicos de cómo se va a cobrar la contribución y se modifique a las necesidades de cada administración, con Mockus fue por cobertura, Samuel lo hizo mediante obras de beneficio local, Petro redujo obras de valorización desfinanciadas y amplió las zonas de influencia y con Peñalosa es por capacidad de pago, por todo ello es importante hacer una estructuración de fondo al estatuto de valorización”.
El Estatuto es la hoja de ruta que debe regir en la ciudad, la administración basado en él, está obligado a garantizar que el cobro por las obras debe realmente darle valor al predio de cada contribuyente, y este proyecto de valorización no establece claramente el punto de tarifas y pagos, es muy probable que ocurra lo que en anteriores cobros; “Personas que residen en lugares en los cuales no hay beneficio directo, tuvieron que pagar la contribución sin razón aparente. No es posible que a un ciudadano se le cobre por una obra, cuando no reside en el sector y tampoco se va a ver beneficiado por su realización” Asegura Castellanos.
El acuerdo que regula el cobro especial de valorización es el 7 de 1987, solo ha sufrido dos modificaciones, una mediante el acuerdo 16 de 1990 y otra a través del Decreto Distrital 287 de 1991, pero más allá: “La Administración y el IDU han reconocido la necesidad de actualizar este estatuto de valorización en donde este cobro garantice la construcción de las obras, no como con el acuerdo 523 del 8 de julio de 2013, en donde no se realizaron 7 obras luego de realizado el pago, y que incluso dejo el debate en el Concejo entre Contraloría e IDU en si regresar o no dinero a la ciudadanía”. Argumenta el Cabildante Castellanos.
En los puntos que hacen obsoleto el Estatuto, el IDU habla de mejorar claridad normativa, participación y transparencia para el ciudadano, mejorar la planificación para entrega oportuna de obras, disminuir rezagos y deterioro de infraestructura, entre otros.
“La discusión se da porque cada vez que se va a cobrar la valorización, se modifica el estatuto para que se ajuste a lo que el Gobierno Distrital de turno espera lograr, por esa razón deberíamos contar con un instrumento novedoso, que sirva de marco general para que el cobro sea moderno y responda a las necesidades de la ciudadanía”. Señala José David
Antes de decirle a los bogotanos que se va a realizar un nuevo cobro para lograr un recaudo de 1.2 billones de pesos, es necesario superar el reformismo jurídico y lograr un instrumento claro y moderno sobre cómo se cobra la valorización en la ciudad, eso se logra haciendo una estructuración de fondo sobre el Estatuto Distrital que rige a Bogotá.
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Giovanni Riaño Cardozo
