En la contratación para Transmilenio por la Carrera Séptima se está haciendo una clara violación a la norma establecida en la Ley 80 de 1993. La denuncia fue hecha por la concejal Xinia Navarro, durante el debate de control político realizado por la bancada del Polo Democrático a esta obra.
En el debate la cabildante evidenció que el contrato de interventoría hecho para esta obra por 11 meses ha tenido ya 3 prórrogas; por otra parte, el contrato de consultoría hecho por 10 meses ha tenido 4 prórrogas y la última ya supera los 11 meses, cuando la norma establece que las prórrogas no pueden ser superiores a la mitad del periodo de duración del contrato.
Ante esta irregularidad, la concejal llamó la atención de los organismos de control y señaló que urge una investigación administrativa y fiscal de la contratación de Transmilenio por la Carrera Séptima.
Las mencionadas prórrogas tienen el agravante de que los costos adicionales que generen deberán ser asumidos por el IDU. Así lo afirmó la misma interventoría en un informe que señala que toda vez que las prórrogas se hacen necesarias y demandarán más trabajo tanto de la interventoría como de la consultoría, estás reclamarán el pago de dicho trabajo adicional. ¿Cuánto le va a costar eso al IDU?
La concejal Xinia Navarro también advirtió sobre la falta de un plan de contingencia que ofrezca alternativas de movilidad y transporte público para los usuarios de la Carrera Séptima y de la Avenida Caracas, pues las prórrogas y los varios entregables que aún hacen falta en los estudios indican que las obras tardarán de 24 a 36 meses más en comenzar, eso significa que coincidirán en tiempos con las obras del metro.
“Esta administración es reiterativa en la violación a la norma y no sucede nada, se aprobó un metro elevado que desconoció el plan de ordenamiento territorial, se aprobaron vigencias futuras y cupo de endeudamiento sin los estudios mínimos necesarios para ello, tampoco hay estudios definitivos para Transmilenio por la Séptima, hay incumplimiento en los contratos, pero el Distrito deberá asumir el sobrecosto de las prórrogas. En consecuencia, a la ciudad le quedará el caos de movilidad y unos procesos contractuales con evidentes irregularidades”, precisó Navarro Prada.
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