El concejal de Bogotá Julián Forero exige la renuncia inmediata de la secretaria distrital de Movilidad, Claudia Díaz, tras destapar el funcionamiento de una red de corrupción al interior de la entidad, que estaría vulnerando de manera reiterada los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Forero reveló un caso emblemático, sustentado con pruebas, en el que a un conductor le fueron impuestos cuatro (4) comparendos ilegales y arbitrarios, sin notificación previa ni debido proceso. Posteriormente, la Secretaría de Movilidad lo sancionó automáticamente con una multa superior a tres millones seiscientos mil pesos ($3.623.000), decisión que terminó provocando su despido laboral, ya que la empresa para la que trabajaba no permitía conductores con comparendos vigentes.
“Tenemos todas las pruebas para demostrar que estos comparendos fueron inventados, que no existió proceso contravencional alguno, que no se practicaron pruebas y que la Secretaría actuó como juez y parte, violando el debido proceso y el derecho a la defensa del ciudadano”, afirmó el concejal Forero.
Una práctica que se repite en Bogotá
Este no es un hecho aislado. Por el contrario, responde a una dinámica repetitiva dentro de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde los agentes de tránsito y los funcionarios encargados de los procesos contravencionales priorizan el recaudo sobre la pedagogía, la prevención y la justicia.
Ciudadanos denuncian que muchos agentes imponen comparendos inexistentes, no los notifican en el momento de los hechos y, tiempo después, estos aparecen cargados en el sistema SIMIT, cuando ya el conductor ha perdido la oportunidad real de ejercer su defensa.
Comparendos inventados y sanciones sin pruebas
En el caso denunciado, el agente de tránsito informó al motociclista que solo se trataría de un comparendo pedagógico. Sin embargo, posteriormente aparecieron cuatro comparendos cargados en el sistema, todos alejados de la realidad fáctica y jurídica.
A pesar de que el ciudadano presentó impugnación dentro de los términos legales, la Secretaría de Movilidad omitió deliberadamente su escrito, avanzó el proceso sin audiencia y expidió resoluciones sancionatorias automáticas, elaboradas mediante formatos preestablecidos, sin análisis individual del caso ni valoración probatoria.
Estas actuaciones violan abiertamente el artículo 29 de la Constitución Política, así como los principios de transparencia, oportunidad y equidad consagrados en el artículo 137 de la Ley 769 de 2002.
Infracciones falsas y verificables en el RUNT
Resulta aún más grave que varias de las infracciones impuestas podían ser desvirtuadas con una simple consulta en el RUNT.
Por ejemplo, se sancionó al ciudadano por la infracción D.1. “Guiar un vehículo sin haber obtenido licencia de conducción”, cuando en el sistema figura una licencia vigente expedida hace más de 18 años.
Lo mismo ocurrió con los comparendos por SOAT y revisión técnico-mecánica, donde el agente afirmó, bajo juramento, que se encontraban vencidos, cuando en realidad ambos estaban vigentes para la fecha de los hechos, información fácilmente verificable en los sistemas oficiales.
La Secretaría de Movilidad actúa como juez y parte
El control de legalidad de los comparendos recae en abogados contratados por la misma Secretaría, quienes, sin imparcialidad ni neutralidad, avalan sanciones manifiestamente ilegales, sin practicar pruebas mínimas ni verificar información básica, configurando presuntamente el delito de prevaricato por acción (art. 413 del Código Penal).
Estas decisiones terminan en embargos de cuentas y afectaciones graves al mínimo vital de ciudadanos indefensos, que no cuentan con los recursos económicos ni el tiempo para iniciar acciones judiciales prolongadas.
Un daño real a la vida de los ciudadanos
Mientras algunos sugieren que los ciudadanos “interpongan tutelas” o “contraten abogados”, la realidad es que estos procesos son costosos, lentos y desgastantes. En este caso concreto, el conductor perdió su empleo y no tuvo cómo pagar la multa impuesta de manera ilegal.
Exigencia política clara
Ante estos hechos, el concejal Julián Forero fue enfático:
“Le daremos todo el respaldo jurídico a este ciudadano y a todos los conductores que han sido víctimas de esta red de corrupción. Exigimos la renuncia de la secretaria Claudia Díaz por permitir y tolerar estas prácticas que están vulnerando los derechos de miles de bogotanos”.
Concejal de Bogotá
