El Concejo de Bogotá, acogiendo los argumentos de la ponencia negativa presentada por el concejal Uribe Turbay, negó en Comisión la propuesta del Alcalde, por considerar que la modificación excepcional constituía un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, lo cual incurría en vicios de legalidad y carecía de sustento técnico y jurídico; de ahí que “decretarlo implicaría una falta disciplinaria, y un abuso de función pública”, señaló Uribe Turbay.
Explicó que con esta decisión la Administración se autodelega y usurpa funciones que no son de su competencia, generando arbitrariedad, discrecionalidad ilimitada y posible corrupción.
Según el Concejal el Alcalde desconoce lo que decidió el Concejo e interpreta la ley de Ordenamiento Territorial a su conveniencia, ya que esta solo habilita a los alcaldes a expedir el POT por Decreto cuando el Concejo no adopta una decisión al respecto.
Resaltó que “el Alcalde deja 52 compromisos, dentro del articulado por reglamentar, sobre aspectos que deberían estar claramente definidos en la propuesta de la administración, debido a que no se cuenta con estudios técnicos, los cuales debieron realizase previamente. Además, mientras se reglamenta no se dispone de ningún régimen transitorio”.
Además advirtió que sumado a las anteriores irregularidades, en caso de que el Decreto del nuevo POT sea diferente al proyecto que se presentó al Concejo, este también estaría viciado de ilegalidad.
Finalmente señaló que “la actual propuesta elevará los precios de la vivienda de interés prioritario dificultando el acceso a ella”.
