Desde el pasado 7 de mayo, familias indígenas Emberá que se encontraban en la Unidad de Protección Integral (UPI) Florida y en algunos paga diarios tomaron la decisión de adelantar una medida de hecho para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados con el Gobierno Nacional y el Distrito Capital.
Ya han pasado 13 días sin que se logren avances concretos ni compromisos serios por parte de las autoridades para transformar esta realidad. Lejos de mejorar, la situación se agrava: hoy, nuevas familias indígenas Emberá, anteriormente ubicadas en la UPI Rioja, se han sumado a la protesta y han decidido pernoctar en el Parque Nacional como acto de resistencia y denuncia.
Con plena conciencia de la gravedad de esta situación, es importante recordar que el próximo 26 de mayo se cumplirán dos años desde que la Secretaría Distrital de Salud, mediante la Resolución 1207 de 2023, emitió una medida sanitaria que ordenaba el cierre de ese lugar por no cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad. Sin embargo, dos años después, la respuesta institucional ha sido el silencio y la indiferencia.
Las condiciones en las que se encuentran estas familias son indignas para cualquier ser humano. No obstante, en lugar de buscar soluciones reales, persiste la estigmatización, la discriminación y la exclusión de esta población por parte de algunos sectores de la ciudadanía y medios de comunicación. Mientras tanto, los pueblos indígenas siguen exigiendo respeto, garantías y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Ante esto, es inevitable preguntarse: ¿Cómo puede hablarse de garantía de derechos cuando cientos de personas viven en condiciones precarias? ¿De verdad estamos priorizando el bienestar de niñas y niños, o las acciones institucionales son únicamente medidas mediáticas? ¿Las soluciones propuestas por el Distrito y el Gobierno Nacional cuentan con respaldo presupuestal y voluntad política para ser implementadas?
Como lo he señalado en distintos escenarios, si esta problemática se repite año tras año, es porque las respuestas institucionales han sido insuficientes, mal diseñadas o mal ejecutadas. Hace 13 días eran 200 personas; hoy son más de 400 las que alzan la voz ante el abandono.
Por eso, como concejal, hago un llamado al respeto. A mis colegas, a la ciudadanía, a las instituciones: estos hombres, mujeres y niños no están invadiendo ni buscando privilegios. Están denunciando una crisis humanitaria y reclamando lo que por derecho les corresponde: una vida digna.
No podemos seguir normalizando la indiferencia.
Oficina de Comunicaciones H.C Óscar Bastidas Jacanamijoy
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