Según cifras oficiales remitidas al concejal Julián Forero por la Secretaría de Movilidad, durante los años 2024 y 2025 las cámaras de fotodetección en Bogotá impusieron un total de 938.821 fotocomparendos. En 2024 se registraron 560.649 comparendos, mientras que en 2025 la cifra asciende a 378.172, lo que evidencia la magnitud del impacto que estos dispositivos han tenido sobre los conductores de la ciudad.
Desde distintos sectores del Concejo de Bogotá surgen cuestionamientos frente a la efectividad real de estas cámaras en la reducción de la siniestralidad vial. Para el concejal Julián Forero, el debate no puede centrarse únicamente en el número de multas, sino en si efectivamente estos dispositivos están cumpliendo su propósito de salvar vidas.
En términos de recursos obtenidos, durante 2024 recaudaron $251.038.647.851 y en 2025 $244.648.210.496, para un total consolidado de $495.686.858.347 en los dos años, una cifra cercana al medio billón de pesos. Para el concejal, este dato obliga a una discusión seria y transparente sobre el equilibrio entre control, prevención y carga económica para los ciudadanos.
“El debate no es si debe haber control, sino si ese control está salvando vidas o simplemente aumentando el recaudo. Los conductores no pueden convertirse en la fuente permanente de financiación del Distrito sin que existan resultados claros en la reducción de lesionados y fallecidos en las vías”, señaló el concejal Julián Forero.
Como parte de su gestión, el concejal logró incluir en el Plan de Desarrollo de Bogotá el artículo 35, que exige a la Administración Distrital realizar estudios técnicos de impacto individual por cada cámara instalada. Dichos estudios deben demostrar una reducción efectiva de la siniestralidad en los puntos donde operan los dispositivos.
Actualmente se impulsa un proyecto de acuerdo para garantizar el cumplimiento estricto de esta obligación, estableciendo que toda cámara que no demuestre resultados en la disminución de siniestros viales en un periodo determinado deberá ser revisada y, eventualmente, retirada.
“El control vial debe estar orientado a la prevención, no al castigo ni a la persecución indiscriminada de conductores. Si una cámara no reduce accidentes, no tiene justificación técnica para seguir funcionando”, puntualizó el concejal.
Concejal de Bogotá
