- A un par de días de iniciar la Ley de Garantías, el Gobierno Petro desata una “feria de contratos” con miles de nuevos cargos temporales y plantas modificadas en ministerios clave.
- Contratación y ampliación burocrática en las carteras de Trabajo, Igualdad, Salud y la UNP, en pleno año electoral.
- Expansión de la burocracia en medio de la crisis: crecen las nóminas del Estado mientras faltan recursos para medicamentos, seguridad y atención social básica.
A puertas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías y en plena emergencia económica, el Gobierno Petro inició una verdadera “feria de contratos” en entidades estratégicas del Estado, con miles de nuevos cargos y ampliaciones de plantas a pocos meses de elecciones legislativas y presidenciales.
Lejos de responder a criterios técnicos, en la práctica, estas decisiones evidencian un uso político del empleo público, orientado a construir operadores, lealtades y estructura territorial con recursos del Estado.
Ministerio del Trabajo:
Mediante el Decreto 0052 de 2026, el Ministerio del Trabajo creó 1.141 cargos temporales, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Aunque el Gobierno sustenta la medida en la supuesta sobrecarga derivada de la reforma laboral, el momento de la decisión y su alcance territorial ponen en entredicho la neutralidad administrativa.
“Un Estado no crea más de mil cargos temporales semanas antes de la Ley de Garantías por casualidad. Los crea cuando necesita operadores, lealtades y estructura territorial. Dicho sin rodeos: para aceitar la maquinaria”, afirmó el concejal Barrios.
Ministerio de la Igualdad:
A través de un fondo paralelo, el Ministerio de la Igualdad destinó $70.582 millones para la vinculación de más de 3.300 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, coincidiendo con el periodo electoral.
Adicionalmente, mediante ese mismo fondo se tercerizaron contratos de operadores logísticos para eventos por un monto superior a $68.949 millones.
Una de las mayores alertas está en el programa Jóvenes en Paz, donde se contrataron más de 3.100 personas, pese a que más de 1.600 jóvenes abandonaron el programa en 2024 y a que ya se han entregado más de $344 mil millones, sin mecanismos claros para verificar si los beneficiarios están en actos delictivos.
Ministerio de Salud:
En medio de la peor crisis del sistema de salud en la historia reciente del país, el Ministerio de Salud avanza en la posible creación de 535 nuevos cargos de carrera administrativa, con un costo anual de $74.190 millones.
Esto ocurre mientras millones de pacientes enfrentan graves dificultades para acceder a medicamentos para enfermedades crónicas, huérfanas, tratamientos oncológicos y trasplantes.
Unidad Nacional de Protección (UNP):
Mediante los decretos 0019 y 0020, el Gobierno amplió la planta de la UNP a 6.870 empleos, creando nuevos cargos directivos, administrativos y de asesoría. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg) expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta reestructuración, advirtiendo que podría derivar en despidos injustificados.
“Mientras no hay plata para medicamentos ni para garantizar la seguridad, sí hay miles de millones para inflar la burocracia. Volvieron el Estado una bolsa de empleo para hacer campaña con recursos públicos y atornillarse en el poder”, concluyó el concejal Andrés Barrios.
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