Desde el Cabildo Distrital el Concejal Andrés Onzaga, expresó su profunda preocupación por el incumplimiento generalizado del Decreto 2011 de 2017, que establece la obligación de vincular laboralmente a personas con discapacidad en el sector público. Las cifras hablan por sí solas.
De acuerdo con los datos más recientes reportados por las entidades del Distrito Capital:
- Bogotá cuenta con 60.074 funcionarios públicos.
- De ellos, solo 682 son personas con discapacidad.
- Esto representa un cumplimiento promedio de apenas 1,13 %, muy por debajo de las metas establecidas por la ley.
El Decreto 2011 de 2017, expedido por el Gobierno Nacional, fijó metas progresivas para la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Según la norma:
- Las entidades con hasta 1.000 empleos deben alcanzar un 4 % de vinculación para 2027.
- Las de 1.001 a 3.000 empleos, un 3 %.
- Y las que superan 3.001 empleos, un 2 %.
Para el año 2023, las entidades con más de 3.000 funcionarios debían haber alcanzado al menos un 1 % de vinculación. Bogotá, en su conjunto, no llega ni a esa meta mínima.
- La Secretaría de Educación del Distrito, la entidad con la planta más grande (más de 35.900 funcionarios), reporta solo 151 empleados con discapacidad, lo que equivale a 0,42 %.
- La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con 3.718 trabajadores, tiene solo 28 personas con discapacidad (0,75 %).
- El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con 471 funcionarios, cuenta apenas con 15 (3,18 %).
- La Secretaría Distrital de Hacienda, con 2.178 empleados, reporta 16 (0,73 %).
- La Secretaría de Integración Social, con 2.103 funcionarios, tiene 14 personas con discapacidad (0,66 %).
- La Secretaría de Salud, con más de 559 trabajadores, reporta 13 (2,32 %).
- La Secretaría General de la Alcaldía Mayor, con 524 empleados, cuenta con 15 (2,86 %).
Más preocupante aún es que más de 20 entidades distritales reportan entre 1 y 3 funcionarios con discapacidad, y algunas apenas uno.Entre ellas:la FUGA, el Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, el DADEP, el IDIGER y el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).En otras palabras, hay entidades públicas en Bogotá donde la representación laboral de personas con discapacidad no llega ni al 0,1 %.
varias entidades del Distrito reportan cero personas con discapacidad vinculadas dentro de su personal.
Entre ellas se encuentran la Caja de Vivienda Popular (CVP), Canal Capital, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), el Instituto para la Economía Social (IPES), el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), la Lotería de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), la Secretaría Distrital del Hábitat y la Veeduría Distrital de Bogotá D.C.
El Decreto 2011 de 2017 fue una conquista histórica para las personas con discapacidad.Obliga a las entidades estatales a destinar un porcentaje de su planta de personal para esta población, implementar ajustes razonables, promover teletrabajo y accesibilidad física, y reportar anualmente sus avances ante la Función Pública.Sin embargo, el panorama distrital demuestra que esta obligación se ha convertido en letra muerta. Bogotá, una ciudad que dice ser incluyente, tiene una brecha enorme entre el discurso y la realidad.
No se trata solo de cifras. Detrás de cada porcentaje hay una persona que no ha tenido la oportunidad de trabajar, formarse, aportar y vivir con dignidad. El Estado tiene la responsabilidad de abrir las puertas del empleo público a todas y todos, sin discriminación.
A esta preocupante realidad se suma la situación de quienes son contratados por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), una modalidad que, aunque no crea vínculo laboral formal, representa una parte significativa del trabajo en el Distrito. En Bogotá, 67.338 personas prestan servicios bajo esta figura, pero solo 314 de ellas tienen discapacidad. Si sumamos tanto la planta como las OPS, el panorama es aún más desalentador: de 127.412 personas que hoy trabajan para las entidades distritales, solo 996 tienen discapacidad, lo que equivale a apenas el 0,78% del total.
Esta cifra demuestra que la inclusión laboral en el sector público no está siendo una prioridad real y que, además, las entidades están recurriendo masivamente a formas de contratación temporal que excluyen aún más a las personas con discapacidad del acceso a un empleo digno y estable.
Cada año hacemos seguimiento al cumplimiento de este Decreto y los resultados son los mismos: Bogotá sigue fallando. La inclusión laboral no puede depender de la voluntad política de cada entidad, sino del cumplimiento estricto de la ley.
Hoy el Distrito está en deuda con más de 300.000 personas con discapacidad que viven en la ciudad y que merecen oportunidades reales”,afirmó el Concejal Andrés Onzaga.
Con 60.074 funcionarios y solo 682 personas con discapacidad, Bogotá apenas supera el 1 %El Decreto 2011 de 2017 no se está cumpliendo, y eso significa que el Distrito está vulnerando derechos laborales y constitucionales.
Desde la Bancada por la Discapacidad seguiremos visibilizando este incumplimiento, exigiendo transparencia y promoviendo acciones concretas para que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una realidad.
Contacto de prensa:
