En el marco del debate de la oposición en el Concejo de Bogotá, el concejal étnico Taita Oscar Bastidas Jacanamijoy, del partido MAIS en coalición con el Pacto Histórico, centró su intervención en la estrategia de seguridad denominada Guardianes del Orden, un tema de alto interés para la ciudadanía. Según el cabildante, la seguridad en la capital sigue en riesgo y bajo vulneración constante, pese a los esfuerzos institucionales.
Aunque se han logrado avances como el desmantelamiento de bandas criminales y una leve reducción en delitos como el hurto a personas, a comercios y vehículos, las cifras más recientes del sistema SIEDCO (corte al 30 de junio de 2025) revelan una preocupante realidad:
- Hurto a personas: 64.704 casos (-1,1%)
- Violencia intrafamiliar: 23.430 casos (+22,9%)
- Hurto a residencias: 2.959 (-6,9%)
- Hurto de automotores y motocicletas: 3.510 casos
- Amenazas: 4.379 casos
- Homicidios en accidentes de tránsito: 1.771 casos
- Extorsión: 954 casos (-15,2%)
- Homicidios: 575 casos
Estas cifras demuestran, según Bastidas, que es necesario ir más allá del aumento de pie de fuerza y plantear una intervención estructural, preventiva y con enfoque territorial. El concejal insistió en la urgencia de fortalecer la planificación estratégica de la Secretaría de Seguridad y de adoptar mecanismos efectivos que garanticen el acceso a la justicia, el uso inteligente de la tecnología y la promoción de la convivencia.
Durante su intervención, Bastidas cuestionó la propuesta de Guardianes del Orden y su vínculo con los Frentes de Seguridad. Señaló que la existencia de múltiples figuras como gestores de convivencia, gestores locales y de diálogo social, sin una delimitación clara de funciones, ha generado una peligrosa duplicidad, dispersión de recursos y posibles riesgos de detrimento patrimonial. "Si no se definen responsabilidades específicas, se solapan funciones y se debilitan las capacidades de mediación", advirtió.
El concejal también se refirió a declaraciones del Alcalde Mayor sobre la contratación de 170 guardianes a través de una planta temporal. Aunque en una respuesta oficial se informó de una prueba piloto con 40 gestores, no hay claridad sobre los criterios. Por ello, Bastidas pidió públicamente a la Personería de Bogotá hacer seguimiento y garantizar la transparencia del proceso.
Además, Bastidas contrastó las declaraciones del Alcalde, quien aseguró que los guardianes “no portarán armas ni cumplirán funciones de choque”, con lo expuesto por la Secretaría de Seguridad, que describió funciones más activas como establecer alertas tempranas y atender situaciones como mal parqueo, residuos acumulados o exceso de ruido. Funciones, señaló el cabildante, que ya ejercen otros actores institucionales como los Gestores de Movilidad, los Gestores IVC o los Agentes de Tránsito. "¿Dónde está la articulación? ¿Cuál es la diferencia real entre todas estas figuras?", cuestionó.
El concejal también abordó la falta de acompañamiento a los Frentes de Seguridad o Zonas Seguras, figuras de base comunitaria que, según la Secretaría, serían fortalecidas mediante la plataforma Zello Work. Sin embargo, Bastidas advirtió que la Contraloría identificó irregularidades en la contratación tecnológica con la ETB, por más de 15.000 millones de pesos entre 2022 a 2024, sin estudios de mercado ni análisis comparativos de otras soluciones disponibles.
En su intervención, Bastidas propuso evaluar el modelo de la Guardia Indígena como una experiencia exitosa y replicable. “La Guardia representa un mensaje de paz, neutralidad y protección. Su formación en derechos humanos, primeros auxilios y control territorial es lo que necesita Bogotá para construir seguridad desde el tejido social”, afirmó.
Frente a las múltiples figuras institucionales que intervienen en seguridad, el concejal planteó una pregunta clave: ¿cuál es la diferencia entre los Guardianes del Orden, los Gestores de Convivencia, los Gestores Locales, los Gestores de Diálogo, los Agentes de Tránsito, los Gestores IVC y los Frentes de Seguridad? Para Bastidas, esta proliferación de figuras, sin articulación ni estrategia clara, solo genera confusión, burocracia y pérdida de legitimidad.
Por ello, anunció que remitirá a la Contraloría las evidencias sobre la duplicidad de funciones para que se adelante una investigación y se proponga un rediseño institucional que garantice eficiencia, claridad funcional y aprovechamiento de los recursos públicos.
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