La crisis humanitaria que viven hoy centenares de personas detenidas en las URIS de Bogotá es responsabilidad del distrito y de la administración de Gustavo Petro, que no hizo a tiempo lo necesario para evitarlo. No es valido que el alcalde Gustavo Petro trate de indilgar esa responsabilidad al Gobierno Nacional o ahora busque reuniones de urgencia con la Fiscalía para tratar de superar la crisis humanitaria que su administración ayudo a agudizar.
En septiembre de 2012 el Director Seccional de Fiscalías solicitó al Fondo de Vigilancia aprobar la construcción de dos URIS, una en Ciudad de Bolívar y otra en Kennedy, con un costo de 15 mil millones de pesos cada una. La solicitud se hizo como parte del plan de compras de 2012 que ya estaba acordado, pero inexplicablemente, no fue tenida en cuenta, se archivó y el Fondo prefirió dejar perder 50 mil millones de pesos por no ejecutarlos, mientras centenares de personas hoy están apiñadas en las URIS, a la espera que se les resuelva su situación jurídica. Anexo los documentos que soportan la denuncia y llamo la atención de los organismos de control, a quienes informé en el recinto del Concejo de Bogotá de estas irregularidades, para que nos informen los resultados de sus investigaciones.
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