Lo digo porque están proliferando contrataciones para financiar fiestas, festivales, e inclusos campañas de sensibilización de las cuales no conocemos los resultados y el impacto en la localidad y no hay un ejercicio de control que permita evaluar el alcance de esas inversiones.
Con mi unidad normativa nos dimos a la tarea de revisar algunos de los contratos, y considero que por los resultados hay algunos que vale la pena revisar.
Por ejemplo, la localidad de Usaquén contrató por 171’576.125 pesos con la Fundación Xixa el evento Cumpleaños de Usaquén. Con esa firma ya se había hecho un contrato similar en el 2014.
En Chapinero se invirtieron en logística de eventos 251’423.280 pesos, y para organizar campeonatos de fútbol, 177’382.160.
En la localidad de Santa Fe, con la Asociación de Discapacitados Físicos del Sur (Asodisfisur) identificamos dos contratos por 286’906.328 pesos, para ejecutar en dos meses servicios de planeación y ejecución de las vacaciones recreativas de los niños y niñas.
El 27 de diciembre la localidad de San Cristóbal firmó un contrato por 172’981.330 pesos, por tres meses, para el festival deportivo y de actividad física.
El 30 de diciembre en la localidad de Kennedy se firmó un contrato por 433’502.336 pesos con Conades para promover y fortalecer los procesos participativos.
En la zona de Engativá identificados que se suscribieron dos contratos con Carlos Alberto Pinzón Molina por 2.334’589.273 pesos para desarrollar actividades dirigidas a la promoción, formación y apropiación deportiva y recreativa de la localidad, en diciembre.
Finalmente en la localidad de Suba, con la Fundación Social Vive Colombia se firmó un contrato por 443’838.438 pesos para realización de actividades culturales y capacitación.
Más allá de la legalidad de estos contratos, lo que considero urgente es evaluar, si ese tipo de contrataciones, que se dan en todas las localidades, están siendo útiles para impactar la vida de los bogotanos o deberíamos evaluarlas para canalizar las inversiones por temas de mayor beneficio para la ciudad.
Es importante que los alcaldes locales que están cerca de los ciudadanos revisen con detenimiento cuales deben ser las prioridades de sus localidades para que cada peso que se invierta repercuta de manera efectiva en mejorar las condiciones de vida de sus zonas.
Estamos hablando de plata pública, y de los impuestos que pagan los bogotanos, y aún en el caso en que los contratos se hagan a través de entidades públicas nacionales o distritales, como ocurre con los convenios interadministrativos, es preciso evaluar la pertinencia de esas inversiones.
Lucía Bastidas
Concejal
