¡Inaceptable! Nueva prórroga al contrato de cámaras LPR en Bogotá profundiza la crisis de seguridad en la ciudad

El concejal de Bogotá, Oscar Ramírez Vahos, lanzó una nueva denuncia ante la aprobación de otra prórroga, la número siete (7), al contrato de cámaras de videovigilancia con tecnología de reconocimiento de placas vehiculares, un proyecto que es la clara representación de la ineficiencia y de la falta de control a la inversión en la Administración Galán, incumpliendo la promesa con la que logró elegirse como alcalde bajo el eslogan de “Bogotá Camina Segura”. Hoy, este Gobierno Distrital proyecta una contradiccióninsostenible: contar con el mayor presupuesto que ha tenido la ciudad en materia de seguridad, y aunasí no haber adquirido una sola cámara para fortalecer la insuficiente infraestructura tecnológica de la ciudad, esto mientras lleva instalando cámaras de administraciones anteriores a un ritmo vergonzoso de un (1) dispositivo cada diez (10) días.  

“Esta nueva prórroga de cuatro (4) meses es injustificable. Lo que estamos viendo es inaceptable: un contrato incumplido, sin resultados, colmado de irregularidades, al que le siguen ampliando los plazos; el mundo al revés: premian el incumplimiento con más tiempo y mientras tanto Bogotá está sumida en múltiples actos de inseguridad”, señaló Vahos. 

A la fecha, la Secretaría de Seguridad tan solo ha ejecutado el 67% de los recursos ($9.635 millones)  y apenas ha instalado 90 de las 200 cámaras LPR contratadas. El plazo de ejecución pasó de 182 a 844 días, acumulando una nueva prórroga a las seis ya otorgadas, lo que profundiza las dudas sobre la viabilidad del contrato. 

Para el concejal Vahos, la aprobación de esta nueva prórroga que va hasta el 27 de agosto no solo es inconveniente, sino que podría configurar graves irregularidades como un posible detrimento patrimonial, al prolongar un contratocon múltiples demoras e incumplimientos en los cronogramas previstos. Este retraso reiterado y sistemático evidencia la falta de capacidad institucional a nivel de planeación contractual de la Secretaría de Seguridad, en cabeza de César Restrepo. De hecho, este contrato estuvo durante ocho meses del 2025 sin interventoría, lo que imposibilitó el avance de las actividades programadas y el seguimiento del cronograma contractual. A lo que además se suma la falta de transparencia de cara a la ciudadanía, por cuanto la información publicada en SECOP por parte del contratista no ha sido actualizada desde finales de 2025. 

Debido a estas presuntas irregularidades de planeación y ejecución, ya la Procuraduría abrió investigación disciplinaria, luego de realizar la indagación previa pertinente sobre este contrato que compromete $14.339 millones del presupuesto para seguridad, y sobre el cual la Secretaría de Seguridad aún no impone las debidas sanciones al contratista como correspondería. 

El concejal Vahos anunció que citará nuevamente a debate de control político sobre este tema y seguirá ejerciendo estricta vigilancia hasta tanto se establezcan las responsabilidades y se garantice las acciones que estén a la altura del nivel de respuesta que reclama la ciudad. Solicitará la intervención de la Contraloría y la Personería para evaluar posibles faltas disciplinarias y fiscales que haya a lugar.