Instalación de 200 cámaras de vigilancia para combatir el crimen está en veremos

La secretaría de seguridad, en diciembre de 2023, suscribió contrato con Consorcio LPR SCC 2024 para adquirir 200 cámaras para el reconocimiento de placas de vehículos, las cuales sirven para recolectar material probatorio para fines policiales y judiciales. El contrato SCJ-1904-2023, por un valor inicial de 14.000 mil millones de pesos, el cual tiene por objeto: “el suministro e instalación de equipos, sistemas y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá D.C.”

Diago le puso la lupa al contrato y denunció que el contrato ha sido suspendido y prorrogado dos veces y ya van casi 5 meses de retraso para la instalación de estas cámaras.

Las cámaras LPR son herramientas de alta tecnología que sirven para capturar imágenes o vídeos de vehículos en movimiento y que mediante algoritmos pueden organizar la información en tiempo real y contrastar con la información judicial que reposa en los archivos de la policía. “En pocas palabras, cuando un ciudadano denuncie que fue víctima de un delito, y se logre identificar la placa del vehículo utilizado a través de estas cámaras, esto quedará en un registro, y con gran inmediatez se podrá reconocer las coordenadas exactas de los delincuentes. Por ejemplo, sí un delincuente transita por una vía principal y la placa ya está identificada, las cámaras facilitan en tiempo real la captura del delincuente. Es inconcebible que la ciudad ya pagó casi 7.000 millones de pesos, tal y como consta en el informe del contratista al interventor desde el año pasado y aún no se han instalado” mencionó la concejal Diago.

La concejal solicitó información del contrato a la Secretaría de Seguridad a través de un derecho de petición. En la respuesta de este, Diago encontró que las 200 cámaras debieron quedar instaladas el 5 de agosto del 2024, pero el contratista aun no las ha instalado, las cámaras las entregaron el dia 16 de julio de 2024, de acuerdo con los informes de ejecución del contrato y se encuentran en una bodega desde julio de este año.

Documento tomado de Informes de gestión.

Desde agosto el contratista solicitó una adición al contrato, sin embargo, la Secretaría de Seguridad la negó. En este proceso administrativo pasaron 3 meses, dos suspensiones y 2 prórrogas. “La ciudad necesita soluciones urgentes en materia de seguridad para combatir a los criminales, y es increíble que en el gobierno Galán no hay agilidad en la gestión contractual, mientras tanto los delincuentes que sí son ágiles para cometer delitos, están tranquilos .” señaló Diago.

 

Documento tomado del SECOP.

Otra de las presuntas irregularidades denunciadas por la concejal, es que la Secretaría de Seguridad justifica la no instalación porque: “las evaluaciones de factibilidad para la energización han revelado que las distancias necesarias para instalar las acometidas eléctricas son mayores de lo previsto,” es decir, que no hubo una correcta planeación del contrato, ya que la instalación de las cámaras requiere una infraestructura adecuada en términos de conectividad y al parecer no cuentan con lo requerido: “Hicieron un contrato para la instalación de cámaras pero no tuvieron en cuenta lo más importante la infraestructura de la ciudad.” mencionó Diago.