En el marco de un debate de oposición, el concejal José Cuesta Novoa, de la Colombia Humana - Pacto Histórico, denunció el fracaso del sistema de pago global prospectivo como política sanitaria, calificándolo como una de las mayores perversiones del modelo de mercado instaurado por la Ley 100 de 1993.
Cuesta advirtió que el sistema de salud en Bogotá ha pasado de contar con 32 hospitales públicos a concentrarse en solo 4 subredes que agrupan 12 hospitales, lo que ha profundizado la centralización del servicio y ha exacerbado las inequidades en el acceso y la calidad de la atención.
Asimismo, reveló que el régimen subsidiado agrupa al 22,4 % de la población afiliada, es decir, a más de 1,8 millones de personas, mientras que una población significativa permanece excluida del sistema, incluso en estratos 3 y 4, sin acceso ni al régimen contributivo ni al subsidiado, atrapada en un preocupante limbo institucional.
El cabildante también destacó que, para 2025, el Presupuesto General de la Nación destinó $2,43 billones a la salud en Bogotá, lo que representa el 52 % del presupuesto distrital del sector, desmontando así la narrativa de que el Gobierno nacional no está financiando el sistema de salud.
Frente al modelo de pago global prospectivo, Cuesta explicó que este busca asignar recursos de manera anticipada, con base en proyecciones epidemiológicas y costos esperados. Sin embargo, en Bogotá enfrenta serias dificultades técnicas y estructurales. Entre los principales problemas señaló:
- Falta de criterios claros para definir precios de referencia en las sendas integrales de atención. La variabilidad entre prestadores y las diferencias en los determinantes sociales de salud hacen inviable una competencia justa. Por ejemplo, no es comparable atender una cesárea en la subred Norte con buena infraestructura social, que en el caso de una madre habitante de calle en el sur de la ciudad. Este mecanismo ha deteriorado la financiación de clínicas y hospitales públicos.
- Ausencia de valores mínimos y máximos adecuados para cada senda de atención. Precios demasiado bajos desincentivan la calidad; precios altos pueden derivar en sobrecostos injustificados.
- Subejecución presupuestal, cuando los servicios previstos no se prestan y los recursos se pierden o deben devolverse, afectando la atención futura y debilitando a los prestadores.
- Sobreejecución, cuando la demanda supera las proyecciones y los recursos no alcanzan, lo que genera deudas acumuladas y deterioro del servicio.
Además, Cuesta denunció que el modelo ignora los determinantes sociales de la salud (DSS) —como pobreza, violencia, racismo, desempleo o malnutrición—, lo cual contribuye al colapso del sistema en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme, donde la enfermedad está directamente ligada a las condiciones de vida.
Tras nueve años de implementación del modelo, Cuesta aseguró que no se han mejorado los estados financieros de las subredes, no se ha incrementado la dotación de camas ni de medicamentos, persisten graves déficits de personal médico, y la atención no se garantiza en las subredes correspondientes. Ejemplo de ello es el cierre del servicio de pediatría en Fontibón, trasladado al hospital del Tintal, que a pesar de recibir inversiones superiores a $50.000 millones, aún no cuenta con suficiente personal para operar quirófanos.
Adicionalmente recordó que, durante la alcaldía de la Bogotá Humana, se constituyeron 1.005 Micro territorios en las 20 localidades de Bogotá, con 14 equipos de vigilancia sanitaria, ambiental, epidemiológica y equipos extramurales del plan ampliado de inmunizaciones. Se vincularon más de 6.000 profesionales y técnicos en ciencias de la salud, ciencias ambientales y ciencias sociales para desarrollar las acciones extramurales de la Estrategia de Atención Primaria en Salud, garantizando al 31 de agosto de 2015 cobertura del 100% de los hogares en zonas sin estrato y de estrato 1 y 2 de la Ciudad.
Finalmente, lanzó una denuncia contundente: en 2024, cerca de tres mil (3000) trabajadores del modelo de Atención Primaria en Salud (APS) fueron despedidos de manera abrupta, lo que representa un retroceso alarmante en la garantía del derecho a la salud de la población más vulnerable y un desmantelamiento de una de las estrategias fundamentales para la prevención, la vigilancia epidemiológica y el acceso territorial a los servicios.
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