El día 14 de enero de 2026, en el Cabildo Distrital y en una convocatoria realizada por el concejal Julián Forero, las asociaciones de recicladores de oficio de Bogotá alzaron su voz frente a lo que consideran una ruptura definitiva del diálogo institucional, un incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos y una vulneración reiterada de sus derechos fundamentales por parte de la administración distrital.
Durante más de dos años, el gremio reciclador participó de manera continua y de buena fe en mesas de trabajo, espacios técnicos y escenarios de concertación convocados por el Distrito, con el propósito expreso de modificar el Decreto 014 de 2023, norma que desde su expedición ha generado graves afectaciones al derecho al trabajo, al mínimo vital y al reconocimiento de los recicladores como actores del servicio público de aseo.
No obstante, en lugar de corregir los aspectos lesivos identificados y discutidos en dichos espacios, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán optó por compilar el Decreto 014 de 2023 dentro del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025, manteniendo e incluso profundizando las restricciones, lo que en la práctica resulta más perjudicial para el gremio reciclador y constituye una clara burla a los procesos de diálogo y concertación adelantados.
Adicionalmente, las asociaciones de recicladores denunciaron un hecho especialmente grave ocurrido el 23 de diciembre de 2025, cuando como resultado del plan tortuga realizado en Bogotá el mismo día y adelantado por los recicladores de oficio, la administración distrital se vio obligada a sentarse en una mesa de trabajo cuyo eje central fue la modificación del Decreto 014 de 2023. En dicho espacio, el Distrito se comprometió expresamente a revisar y ajustar esa norma, generando expectativas legítimas en el gremio reciclador. Sin embargo, la administración guardó silencio de manera deliberada, a pesar de que ya tenía pleno conocimiento de que al día siguiente sería publicado el Decreto 653 de 2025, norma que derogaba formalmente el Decreto 014 de 2023 pero compilaba y reproducía sus disposiciones dentro de un nuevo decreto, profundizando incluso sus efectos lesivos.
Aun con ese conocimiento previo, el Distrito simuló un proceso de concertación, comprometiéndose a modificar un decreto que sabía que ya no tendría vigencia autónoma, lo que constituye una burla, una falta de respeto y una violación abierta al principio de buena fe y confianza legítima frente al gremio reciclador.
Este sector históricamente vulnerable, pero esencial para la sostenibilidad ambiental de la ciudad, denuncia que la nueva normativa desconoce deliberadamente los acuerdos, observaciones técnicas y advertencias realizadas durante más de dos años, imponiendo reglas rígidas y desconectadas de la realidad social del reciclador, cuyo sustento depende del uso del espacio público y de la clasificación de material en la calle.
Entre las principales afectaciones denunciadas por los recicladores se encuentran:
- La prohibición práctica de clasificar material reciclable en el espacio público, obligándolos a trasladarse a puntos autorizados a los que muchos no tienen acceso real.
- La intensificación de operativos distritales que interfieren con su labor diaria, percibidos como mecanismos de presión y persecución institucional.
- El temor constante a decomisos y pérdida del material recolectado, poniendo en riesgo el ingreso diario de miles de familias.
- El desconocimiento abierto de fallos judiciales que reconocen a los recicladores como actores del servicio público de aseo y sujetos de especial protección constitucional, así como del principio de confianza legítima construido durante años de diálogo con la administración.
La tensión social generada por estas decisiones derivó en movilizaciones y protestas en distintos puntos de la ciudad, lo que obligó al Distrito a instalar nuevas mesas de diálogo con acompañamiento de la Procuraduría y voceros del gremio reciclador. Sin embargo, las asociaciones denuncian que estos espacios se han convertido en escenarios de dilación, irrespeto y falta de voluntad política real, donde no asisten los funcionarios con capacidad de decisión y se repiten compromisos que nunca se materializan.
Para el gremio reciclador, estas mesas no han sido un verdadero ejercicio de concertación, sino una estrategia para desgastar la protesta, enfriar el conflicto y legitimar decisiones ya tomadas, sin corregir de fondo las medidas que hoy les están quitando el sustento.
En este contexto, el Concejal Julián Forero asumió el rol de escudero político de los recicladores de oficio, luego de ser buscado directamente por el gremio ante la falta de respuestas reales por parte de la administración distrital. Las asociaciones de recicladores manifestaron de manera expresa su decisión de sumarse al proceso de revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán, pese a haber sido un sector que lo apoyó en campaña y contribuyó activamente a su elección.
Hoy, afirman sentirse traicionados por una administración que desconoció el diálogo, incumplió sus compromisos y optó por profundizar la exclusión social. “El Distrito habla de ordenar el espacio público, pero lo que realmente está haciendo es ordenar la pobreza expulsando a los recicladores de su única fuente de ingreso. Bogotá no se gobierna persiguiendo recicladores ni desconociendo su dignidad”, afirmó el concejal Julián Forero.
Desde el Concejo de Bogotá, Forero anunció que acompañará esta causa mediante acciones de control político, exigencia de suspensión de operativos lesivos, defensa jurídica y la construcción de una salida concertada que garantice el orden de la ciudad sin sacrificar el derecho al trabajo de quienes durante décadas han reciclado lo que Bogotá desecha.
“Cuando un gobierno empuja a un sector históricamente excluido, que confió en el diálogo durante más de dos años, a pedir la revocatoria, no es la ciudadanía la que falla: es la administración la que perdió el rumbo”, concluyó
Concejal de Bogotá
