- “Estamos hablando de un problema que afecta la salud, el descanso y la calidad de vida de los bogotanos. El ruido no es un tema menor: es una amenaza real al bienestar colectivo y exige acción inmediata del Gobierno Nacional “afirmó la concejal Cristina Calderón Restrepo.
- Entre enero y julio de 2025 se registraron 202.949 quejas por ruido en Bogotá, 37.284 más que en 2024. Solo en julio se contabilizaron 33.643 denuncias.
La concejal de Bogotá, Cristina Calderón Restrepo, del partido Nuevo Liberalismo, advirtió que el Gobierno Nacional debe reglamentar de manera urgente la Ley 2450 de 2025 contra el Ruido, aprobada por el Congreso en diciembre de 2024.
“Exijo al Gobierno Nacional que reglamente ya esta ley. No podemos permitir que una norma que busca proteger la salud, la convivencia y el ambiente quede en el limbo. Si el Gobierno no actúa con prontitud, esta ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta mientras la ciudadanía sigue padeciendo los efectos de la contaminación acústica”, señaló Calderón Restrepo.
La Ley 2450 de 2025 creó un marco legal integral contra la contaminación acústica, con competencias claras para las autoridades y sanciones específicas frente a fuentes ruidosas. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de la reglamentación que aún deben expedir los Ministerios de Salud y Ambiente.
Las cifras en Bogotá confirman la urgencia: entre enero y julio de 2025 se registraron 202,949 quejas por ruido, es decir, 37,284 más que en 2024. Solo en julio se contabilizaron 33,643 denuncias, lo que demuestra que el ruido se ha consolidado como una crisis de salud pública, convivencia y ambiente.
“Estamos hablando de un problema que afecta la salud, el descanso y la calidad de vida de los bogotanos. El ruido no es un tema menor: es una amenaza real al bienestar colectivo y exige acción inmediata del Gobierno Nacional”, reiteró la concejal.
Los datos también evidencian que el problema golpea con mayor fuerza en ciertas zonas de la ciudad. Suba (28,966 reportes), Kennedy (25,690) y Engativá (21,038) concentran el mayor número de denuncias, seguidas por Bosa (16,522) y Usaquén (14,880). Además, el crecimiento en localidades como Usme (49,4 %), Barrios Unidos (45,1 %) y Bosa (41,2%) confirma que la crisis no solo se mantiene, sino que se expande hacia distintos puntos de Bogotá.
“Cuando vemos que Suba, Kennedy y Engativá concentran los mayores reportes y que localidades como Usme y Barrios Unidos presentan los aumentos más drásticos, queda claro que esto ya no es un problema aislado, sino un fenómeno estructural que requiere una respuesta nacional”, enfatizó Calderón Restrepo.
Ante este panorama, el Concejo de Bogotá instaló la Subcomisión de Vigilancia y Control “El impacto del ruido en Bogotá: retos para la salud, la convivencia y el ambiente”, liderada por Calderón Restrepo e integrada por varios concejales de distintas bancadas.
“Desde este espacio articulamos a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente, la Policía Metropolitana y las alcaldías locales para actuar frente a establecimientos reincidentes, regular el perifoneo ilegal y vigilar fuentes móviles contaminantes. Pero Bogotá no puede sola: necesitamos que la Nación haga su parte”, explicó.
Finalmente, la concejal envió un mensaje contundente al Gobierno Nacional “El Gobierno Nacional tiene en sus manos la responsabilidad de dar reglas claras, medición permanente y control efectivo en todo el país. Reglamentar la Ley contra el Ruido no es un favor, es un deber con la salud pública y con el derecho al descanso de millones de colombianos”.
