Como mujeres, desde los distintos niveles de participación hemos tenido que superar grandes obstáculos que no han logrado disminuir la fuerza de nuestra palabra. Hemos sido marginadas de las esferas del liderazgo político, tal como lo han reconocido importantes instancias globales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues hemos sido víctimas de leyes impuestas, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, que han querido, sin éxito, silenciar nuestras voces.
Aunque representamos el 51.2% de la población en Colombia, tan solo el 12% de quienes ocupan cargos de elección popular son mujeres: el 14% de concejales, el 17% de diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso. Según la ONU esa inequidad determina que Colombia se ubique en el puesto 67 entre los 142 países con mayor brecha de empoderamiento político
No obstante, esas cifras sólo muestran una mirada sobre la participación alineada a los espacios de orden electoral, dejando de lado aquellos espacios colectivos de enseñanza y formación proyectados a las próximas generaciones; así como los liderazgos que las mujeres ejercen en las organizaciones sociales, indígenas, afros, ambientales, comunales, roles que han sido permanentemente omitidos e invisibilizados. El principal obstáculo para la participación de las mujeres en política son los hechos de violencia, estructurales e históricos, de los que venimos siendo víctimas. Al respecto el Informe de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales del año 2020, realizado por la Misión de Observación Electoral –MOE, indica que “de los 248 hechos registrados en lo corrido del 2020, 57 de ellos (el 23%) corresponden a hechos contra lideresas políticas, sociales y comunales.” Ahora bien, los hechos de violencia de los que somos víctimas las mujeres que ejercemos un liderazgo en nuestros pueblos, comunidades, en la defensa de los derechos y en el ejercicio político, ocasionan afectaciones diferenciadas, como señala el mismo informe de la MOE “la participación de las mujeres en política no se reduce a los espacios políticoelectorales, sino que también ejercen roles de liderazgo en las organizaciones sociales, indígenas, afros, ambientales, comunales, entre otras.” Y agrega: “El hecho violento más recurrente contra las mujeres en ejercicios de liderazgo es la amenaza. Al respecto, resulta necesario destacar que este tipo de afectaciones tienen un tinte particular en el caso de las lideresas, pues al ejercer este mecanismo de presión sobre ellas, quien las realiza recurre también a estereotipos y simbolismos que extienden la afectación a sus familiares y allegados, afectando así la integridad psicológica de quienes las rodean. Dicho de otro modo, a diferencia de lo que ocurre con los líderes, en que las amenazas se dirigen a ellos exclusivamente, en el caso de las lideresas, por regla general las amenazas incluyen referencias a su condición de mujer, y amagos contra las personas más cercanas a ellas.
Aunado a esto, precisamente por el contexto de exclusión histórico de las mujeres en la participación en el debate público, las amenazas contra las lideresas les trascienden, pues al dirigirse a su condición de género, se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios.” Por estas razones es necesario que no sólo se realice un tránsito normativo que brinde mayores oportunidades electorales a las mujeres que ejercemos el liderazgo político, sino que se nos brinden garantías reales y efectivas para nuestro ejercicio político y que por este hecho no seamos objeto de los hechos de violencia que se vienen recrudeciendo desde la firma de los acuerdos de paz.
Somos nosotras las que implementamos las políticas de cuidado, bienestar, y de conservación cultural, social y ambiental. En ese ejercicio, muchas de nosotras han entregado su vida a favor de la salud familiar y comunitaria, sacrificio que hoy, día internacional de la mujer, debemos reconocer y resaltar.
Hoy en el Concejo de Bogotá, después de casi dos años en el cual por Ley debía conformarse la Comisión Legal para la equidad de la Mujer, se eligió su Mesa Directiva en las que fueron designadas las colegas Heidy Sánchez como presidenta, Lucia Bastidas (Primera vicepresidenta) y Diana Marcela Diago (Segunda vicepresidenta) mujeres con una larga trayectoria en defensa y representación de las mujeres de diferentes sectores sociales, a quienes nos unimos para hacer escuchar nuestros derechos y necesidades, y propuestas para la instauración de una agenda local y nacional de democracia vital desde una visión de género y complementariedad.
Las mujeres hemos sido las guardianas de la paz, somos impulsoras del perdón, la sanación y la reconciliación. Razón por la cual debemos estar en el centro de la implementación de los Acuerdos de Paz. No basta con que la palabra “mujer” haya sido mencionada 222 veces en el texto del Acuerdo final, puesto que fuimos parte crucial de su construcción, al lograr que por primera vez en un proceso de paz se haya incorporado una Subcomisión de Género, desde la que se transversalizó ese enfoque en todos los puntos del Acuerdo, definiendo medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres en el tránsito que el país inició hacia la paz. Más que formas de ser nombradas, necesitamos espacios de visibilización y acción para las mujeres.
Aunado a esto, precisamente por el contexto de exclusión histórico de las mujeres en la participación en el debate público, las amenazas contra las lideresas les trascienden, pues al dirigirse a su condición de género, se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios.” Por estas razones es necesario que no sólo se realice un tránsito normativo que brinde mayores oportunidades electorales a las mujeres que ejercemos el liderazgo político, sino que se nos brinden garantías reales y efectivas para nuestro ejercicio político y que por este hecho no seamos objeto de los hechos de violencia que se vienen recrudeciendo desde la firma de los acuerdos de paz y luego en el reposicionamiento de grupos ilegales.
La creación de la subcomisión legal para la equidad de la mujer, debe ser una oportunidad para que más allá de cumplir con una normativa, se honre la lucha y los derechos de las mujeres, lucha de la cual como acotaba en su intervención la colega Ana Teresa Bernal, en la referida sesión de instalación, “los hombres sensibles también deben estar”, y así a través de la complementariedad procurar avanzar en un mundo saludable, justo, sustentable y en paz.
¡Es momento de una democracia vital, y con ella las mujeres!
