A raíz de dicha intervención se desencadenó una ola de desplazamientos de ciudadanos habitantes de calle por los diferentes sectores de la ciudad; lo cual comprobó la falta de estrategias de atención integral para esta población en condiciones de vulnerabilidad.
Frente a las críticas que recibió la actual Administración por la ausencia de herramientas para hacer frente a las consecuencias del desalojo, inició una campaña por medios de comunicación defendiendo su operación, dejando de lado la atención a los ciudadanos habitantes de calle en lo relacionado con la garantía de sus derechos fundamentales.
Por otra parte, en el marco del debate[1] sobre la evaluación de la política pública para el fenómeno de habitabilidad en calle[2], liderado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, y ante las observaciones de los concejales, la Secretaría de Integración Social, adquirió algunos compromisos relacionados con la atención integral de esta población como la destinación de recursos para la realización del censo VII, apertura de cupos de centros de acogida y acciones que permitan tanto la rehabilitación de consumidores como la inclusión social. No obstante, hasta el último debate y citación a la Secretaría en el Concejo de Bogotá, a enero de 2017, no se habían ejecutado dichos compromisos.
Al alcalde Peñalosa con la intervención de Bronx, Cinco Huecos y San Bernardo lo que más le interesa es desarrollar su proyecto denominado “Pieza Centro”, que tiene como objetivo llevar a cabo un proceso de renovación urbana en las zonas donde operaban dichos espacios para habitantes de calle. Se construirán cerca de 2.614 unidades de vivienda a través de la Empresa Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. Dicha empresa, de la cual hacen parte en su Junta Directiva Andrés de Jesús Escobar gerente de la Empresa Metro y Claudia María Luque Gordillo quien ha estado vinculada a las grandes empresas constructoras de la ciudad, será la encargada de llevar a cabo la materialización de este proyecto inmobiliario que encarecerá el suelo de esta zona de Bogotá.
Se evidencia que la renovación urbana en este caso funciona como pretexto para ocupar y modificar un territorio de acuerdo con los movimientos y flujos del capital, según Chris Garcés PhD en Antropología de Princeton University “la renovación urbana […] señala un campo de debate sobre la constante tensión entre modificar el espacio socio-cultural ya habitado, y la desconcertante complejidad de las intervenciones burocráticas, empresariales, legales y policiales que materializan estos cambios” (Garcés 2004, pág. 2).
Ahora bien, lo dicho anteriormente trae consigo un problema de gran relevancia en el componente social para la población habitante de calle. Actualmente se estima que esta población corresponde a 10.000 personas, (procedentes de diferentes lugares del país, bogotanos o extranjeros.) (El tiempo, 2015). Es decir, el 12,87% de la ciudadanía se encuentra en esta condición.
Sumado a ello, ésta comunidad cuenta con múltiples problemas sociales, tales como la delincuencia, el abuso sexual y el consumo prolongado de sustancias psicoactivas. Además hay quienes sufren de algún tipo de enfermedad mental, lo que hace que la intervención que se lleve a cabo con esta población deba ser específica de acuerdo a las distintas problemáticas que cada individuo presenta. No obstante, la Administración decide llevar a cabo una intervención violenta en el Bronx, lo que pone en juego la integridad humana, emocional y psicológica de éstas personas, que al igual que todos son seres humanos, que cuentan con derechos que ciertamente no fueron respetados.
Sin embargo, una de las conductas que más preocupa es el consumo constante de sustancias psicoactivas (SPA) pues según el informe de (Habitantes de la calle en Bogotá: radiografía de una tragedia humana, 2015), el 93,80% reporta un consumo activo de algún tipo de sustancia. Las de mayor consumo y frecuencia son el cigarrillo, la marihuana, el bazuco y el alcohol. Aspectos que no se tuvieron en cuenta en el procedimiento que se llevó a cabo, lo que condujo a una deshumanización, dado que no están recibiendo una intervención adecuada ni meritoria a su condición como personas.
En síntesis, para lograr la verdadera inclusión social de los ciudadanos habitantes de calle, quienes son los más afectados por su condición de consumidores y vulnerabilidad, se debe garantizar luego de un proceso de rehabilitación de acuerdo a sus necesidades, un empleo digno que les permita desarrollar sus capacidades y dignificarse como ser humano.
