Es una medida taquillera, para decirlo en términos futbolísticos. Pero sospecho que esconde una enorme incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad sin restringir derechos y libertades de los ciudadanos. Es lugar común de los gobiernos que para evitar el esfuerzo de la creatividad acudan al manido expediente de la denominada “Ley Seca”. Poco importa si se reclaman como “progresistas” o de “izquierdas”. O si, como en el caso del Alcalde Petro, que en plena campaña agitara la idea de que “la prohibición fortalece la ilegalidad y las mafias”.
Una de las voces más críticas a esta medida es la de los comerciantes y de quienes se ocupan de la industria de la diversión y la rumba. Han dicho que uno de los seis días de Ley Seca de este año en Bogotá, el día del partido de fútbol entre Colombia y Costa de Marfil, sus pérdidas se calculan en 30 mil millones de pesos. Tanto Fenalco como Asobares, los principales gremios que los representan, defienden la idea de una “rumba segura”. Proponen su participación y aporte para ofrecer condiciones de seguridad a quienes decidan acudir a sus sitios o zonas de diversión, especialmente en eventos o celebraciones especiales como los partidos de fútbol del Mundial. Han planteado la creación de “Distritos de rumba segura” en las que se implementen normas especiales de seguridad y convivencia. Han realizado un ejercicio comparativo de medidas menos draconianas aplicadas en otras ciudades del continente como México o Nueva York.
Replican las autoridades que la Ley Seca se aplica en defensa del interés general de la convivencia y la tranquilidad sobre los intereses de un gremio. Como si los hechos de violencia recientemente conocidos se derivaran directamente del consumo de alcohol o del funcionamiento de los bares, restaurantes o hoteles. O como si el interés público no fuese el resultado de la confluencia de los más diversos intereses en la construcción de las decisiones públicas. Dicen que las encuestas arrojan un 80% de aceptación de la medida y con ello coquetean con el autoritarismo dándole un portazo en la cara a la posibilidad de concertación con un gremio que aporta 100 mil empleos directos en Bogotá y del que dependen los ingresos de 500 mil colombianos.
Los defensores de restringir las libertades individuales venden la idea efectista de que la prohibición reduce las riñas y los homicidios. Y abusan de las cifras. Pretenden hacernos creer que todos los actos de violencia que ocurren en los días de celebración tienen que ver directamente con ella. Olvidan deliberadamente el comportamiento habitual de los indicadores de seguridad. O los manipulan. Por ejemplo, según un estudio del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá ocurrieron 11 mil casos de lesiones comunes el año pasado. El incremento en un 33% de este indicador respecto a los años anteriores, según la misma fuente, se debe a la aplicación de la ley 1153 o Ley de Pequeñas Causas.
Aún así, la propia Secretaria de Gobierno reportó la ocurrencia de 2.300 riñas en el primer trimestre de los últimos años, mientras que el Subsecretario de Seguridad y Convivencia en declaraciones del pasado sábado a Caracol TV dijo sin desparpajo que “pasamos de 3.500 riñas en el partido contra Grecia a 200 en el de Costa de Marfil y a 25 en el Partido contra Japón”. De ser cierto es como si el día que celebramos sin Ley Seca en Bogotá hubiese ocurrido un ataque de histeria colectiva de tal magnitud que generaron más riñas que en el periodo citado.
Pero más allá del debate sobre las cifras está la discusión sobre las concepciones de seguridad. Porque sí optamos por una apuesta por la seguridad ciudadana quiere decir que la prioridad de las autoridades debe ser la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. La seguridad no es un fin en sí mismo. Es una condición para disfrutar el derecho a vivir sin miedo y para ejercer plenamente nuestras libertades.
Es un contrasentido que bajo el argumento de ofrecer seguridad se atente contra las libertades que ella misma promete preservar. Tengo la impresión que la izquierda que ha gobernado Bogotá en los últimos 10 años no ha pensado seriamente las políticas de seguridad desde una perspectiva de los derechos ciudadanos. Y por ello cae en los cánones y prejuicios de las fórmulas restrictivas y prohibicionistas de la derecha. Olvida el gobierno distrital la base explicativa del uso de la violencia para resolver nuestros conflictos públicos y privados. Y no recuerda la importancia de la cultura ciudadana para fortalecer las normas de convivencia, el autocontrol y la autorregulación.
En materia de seguridad seguimos atrapados en estereotipos. Seguimos creyendo que la Ley Seca hay que aplicarla hasta en los eventos electorales, fórmula anacrónica que heredamos de nuestra violencia bipartidista cuando se inventó para evitar las riñas y muertes de los fanáticos y ebrios militantes del liberalismo y el conservatismo. O que para evitar los accidentes de tránsito hay que guardar los vehículos. O que para disminuir el robo de celulares es mejor no usarlo en la calle. Por esa vía habrá que decretar el Estado de Sitio si llegamos a la final del Mundial. Vale la pena darnos la oportunidad de una gran discusión pública y de un ejercicio de concertación ciudadana para darnos mejores políticas de convivencia y seguridad.
