En el imaginario no existe. Y en el debate público ocupa aún un lugar marginal. Pero para cientos de comunidades en el sur, nororiente y oriente de Bogotá es una cotidiana realidad que degrada sus condiciones de vida. Y para la ciudad una actividad que ha generado a la fecha, mal contados, un pasivo ambiental por más de 37 mil millones de pesos. Se trata de la minería. Y las cifras asustan.
Según la Corporación Autónoma Regional CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente existen en Bogotá actualmente 134 predios afectados por la actividad extractiva de arcilla y materiales para la construcción. De los 102 ubicados en el perímetro urbano, 98 son ilegales. Y entre las legales se encuentran las de multinacionales
como CEMEX y HOLCIM. El impacto ambiental negativo de esta actividad tiende a ser peor.
Según la Agencia Nacional Minera la explotación minera legal actualmente se encuentra amparada en 40 títulos mineros que ocupan 2.781 hectáreas. Pero hay solicitudes de contratos de concesión por un total de 3.340 hectáreas y otras 8 solicitudes de legalización que cubrirían 816, para un potencial total, si son aprobadas, de
6.937 hectáreas. Es como si destináramos a la minería el equivalente al área de 17 parques Simón Bolivar o 11 veces el Parque Entre Nubes.
Decisiones que están en manos de un gobierno nacional embelesado con la denominada Locomotora Minera que por competencia legal es quien expide los títulos mineros, mientras la ciudad se encuentra prácticamente maniatada para actuar en la materia. Y mientras Bogotá pretendió sin éxito prohibir la explotación minera en su perímetro mediante el fallido decreto de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, el gobierno Santos ha usurpado por decretos totalmente a su favor las competencias sobre la actividad minera en todo el territorio nacional, como el decreto 934 de 2013 y el 2691 de diciembre del 2014.
Las cifras del impacto social, ambiental y fiscal de esta actividad hablan por si solas. El número de casos atendidos por Enfermedad Respiratoria Aguda en las zonas de explotación minera de la ciudad, por ejemplo, pasó de 25.470 casos atendidos en el 2011 a 41.805 en el 2013. La Secretaria de Ambiente entre el 2013 y el 2015 invierte 2.925 millones de pesos en actividades de control ambiental a esta actividad. Y solo en el desastre del barrio Villa Jackey en Ciudad Bolívar ocurrido en el 2009, la ciudad tuvo que destinar 3.073 millones de pesos para atender las 70 familias afectadas por la actividad minera, mientras que en 14 años de legalización de la
explotación minera Bogotá recibió solamente 1.808 millones de pesos, unos 129 millones al año, como regalías provenientes de esta actividad en su territorio.
Bogotá pierde por todos los lados con la minería en su territorio. La huella ecológica que deja es imborrable e irreversible. La ciudad no cuenta con el personal suficiente para perseguir, prohibir y sancionar la minería ilegal. Y la Contraloría Distrital ha señalado que la autoridad ambiental no ha logrado que quienes ejercen legalmente la actividad minera cumplan en la implementación de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental. Sin duda hay que insistir en una solución radical, la única posible: prohibir la minería en Bogotá. Y ello debe venir en la nueva modificación del POT.
