Durante la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá se realizó el debate de control político sobre la implementación de los Consejos Locales de Paz, con seguimiento al Acuerdo Distrital 809 de 2021. La sesión fue liderada por el concejal Taita Óscar Bastidas Jacanamijoy, del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, quien advirtió que la seguridad en la ciudad vive una crisis reflejada en homicidios, torturas, secuestros y hurtos, consecuencia directa de la inoperancia de los mecanismos creados para prevenir y atender estas problemáticas.
Bastidas recordó que la paz es un derecho y deber constitucional, y que en Bogotá los Consejos Locales de Paz están respaldados desde 1999, reforzados por el Acuerdo 809 de 2021. Sin embargo, su funcionamiento es mínimo: seis localidades no han reactivado sus Consejos, una —Rafael Uribe Uribe— no cuenta con instalación formal, en Tunjuelito el acuerdo espera aprobación, y de 14 localidades con reglamentación, diez no han sesionado ni una vez. “Esto no es solo un problema de esta administración; es la consecuencia de la falta de voluntad política y de gestión acumulada por años”, señaló.
También exhibió que, de los 11 Consejos Locales con decreto reglamentario, solo 5 han elegido integrantes y apenas 3 han sesionado. El Consejo Distrital de Paz, aunque más activo, no articula su trabajo con los niveles locales, lo que impide una respuesta coordinada frente a la violencia urbana, la criminalidad organizada y las disputas territoriales.
El cabildante recalcó que los Consejos Locales deben proponer soluciones pacíficas, promover derechos humanos y articular esfuerzos institucionales, pero muchas de estas funciones no se cumplen. Desde el proyecto La Magia de las Mariposas y la red Mujeres Tejedoras de Paz han impulsado su reactivación, pero sin respaldo institucional.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por riesgo extremo en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Los Mártires, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe, así como por disputas territoriales en otras zonas. Pese a ello, en la mayoría no hay sesiones ni acciones articuladas. Casos como el de La Candelaria, donde un plan de trabajo acordado en junio de 2025 no se ha cumplido, reflejan un patrón de incumplimiento.
En materia presupuestal, el proyecto de inversión 8094 de 2024 destinó recursos para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz, pero no hay claridad sobre el destino de esos recursos en las localidades. Bastidas advirtió que, sin consolidar un sistema local de paz, Bogotá podría estar perdiendo oportunidades de financiación nacional.
El concejal solicitó planes de trabajo claros para cada localidad, seguimiento de la Defensoría del Pueblo, garantías por parte de la Personería Distrital para hacer cumplir los acuerdos, priorización del Acuerdo 809 en zonas de alto riesgo y articulación real entre el Consejo Distrital y los Consejos Locales. “La paz no se construye con excusas ni con informes maquillados. Bogotá le debe a sus ciudadanos Consejos Locales activos, articulados y efectivos. Ninguna administración, ni pasada ni presente, puede eludir su responsabilidad”, concluyó.
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