Mientras el Distrito reporta miles de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, las principales herramientas aprobadas para prevenir este delito evidencian resultados insuficientes. Esa fue la principal alerta lanzada por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre la implementación del Plan Distrital de Desarrollo en materia de protección de la niñez.
Las cifras son contundentes. Entre 2024 y lo que lleva del año 2026, Bogotá reportó 39.643 casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales 19.103 correspondieron a violencia sexual, lo que equivale al 48,2 % del total. En otras palabras, casi uno de cada dos casos de violencia registrados contra menores de edad en la ciudad está relacionado con violencia sexual. Además, el 73,7 % de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres.
“Si Bogotá tiene más registros, más alertas y más víctimas, la pregunta es inevitable: ¿dónde está la prevención?”, cuestionó el concejal Samir Bedoya Piraquive.
El análisis presentado también reveló que, al consolidar información de la administración distrital en materia de educación y salud, además de la información de Medicina Legal y Policía Nacional, la ciudad registra más de 70 eventos institucionales diarios asociados a presunta violencia sexual contra menores de edad.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la falta de trazabilidad entre entidades. En 2025, la red hospitalaria reportó 9.072 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, mientras que la Policía registró solo 2.186 denuncias. Esto significa que cerca de tres de cada cuatro casos atendidos en el sistema de salud no aparecen en los registros policiales.
“Hoy varias entidades conocen partes distintas de un mismo caso, pero Bogotá aún debe fortalecer un sistema que permita unir esa información y hacer seguimiento completo a cada niño, niña o adolescente”, señaló el concejal Fabián Puentes.
Durante la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, los concejales impulsaron la inclusión de herramientas concretas para enfrentar este delito, como la estrategia de Cero Tolerancia al Abuso Sexual Infantil, un Sistema Único de Reporte de presuntos casos, una línea específica de política pública y un trazador presupuestal para identificar los recursos destinados a esta problemática.
Sin embargo, el debate evidenció que, aunque existe una programación presupuestal cercana a $45.400 millones para el cuatrienio, todavía no es posible determinar con claridad cuánto se destina exclusivamente a la prevención del abuso sexual infantil, qué acciones específicas se han financiado y cuáles son los resultados verificables en los territorios.
A esto se suma que el Sistema Único de Reporte, considerado una herramienta clave para articular a Salud, Educación, Policía, Medicina Legal e Integración Social, aún no ha entrado en operación.
Otro punto que llamó la atención fue el manejo de reportes anónimos sobre presuntas vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes. Según lo expuesto por el concejal Fabián Puentes, de tres casos revisados, dos terminaron con archivo o decisión inhibitoria por falta de información o soporte probatorio, mientras que uno quedó en verificación y seguimiento institucional.
Para Puentes, estos casos dejan una pregunta de fondo: ¿cómo garantiza Bogotá la verificación y protección efectiva cuando una alerta es anónima, pero puede involucrar el riesgo de un niño, niña o adolescente? “Cada niño o niña que no logramos proteger representa una política pública que llegó tarde, que falló. Bogotá debe pasar del discurso a los resultados ”, concluyó el Concejal.
La alerta también se confirma en el análisis presupuestal. Según lo expuesto por el concejal Fabián Puentes con la implementación del Trazador Presupuestal para los temas de infancia y adolescencia, propuesta del Partido MIRA incluída en el Plan de Desarrollo, para la medición de 2025 se encontró que la inversión directa en prevención para protección de derechos fue de sólo $75.602 millones, lo que representa solo el 0,2% del presupuesto distrital de la misma vigencia.
“Si en Bogotá tenemos cerca de 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes, este monto reportado de inversión directa en prevención para protección de derechos nos llevaría a concluir que la inversión en prevención equivale a una cifra mínima, sólo $3.315 pesos mensuales por niño, niña o adolescente, Los recursos destinados a prevenir vulneraciones siguen siendo mínimos frente a la magnitud del problema” expresó Fabián Andrés Puentes.
El reto no está solo en contar con programas institucionales, sino en verificar si esas acciones realmente están protegiendo a la niñez. “No basta con activar rutas ni reportar acciones. Bogotá necesita garantizar que cada niño, niña y adolescente reciba atención oportuna, seguimiento integral y una respuesta efectiva frente a su caso”, concluyó Fabián Puentes.
Los concejales solicitaron a la Administración Distrital cronogramas claros, indicadores medibles, presupuesto focalizado, medición de impacto de la inversión pública y una rendición semestral de avances que permita verificar si lo aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo realmente se está traduciendo en protección efectiva para la niñez bogotana.
“El problema de fondo parece estar en las debilidades estructurales del sistema de protección y en su capacidad para responder de manera articulada, preventiva y efectiva” concluyó el concejal Fabián Andrés Puentes.
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