Imagínese llegar a un hospital y encontrar las puertas cerradas. Imagínese necesitar un tratamiento urgente y que le digan que no hay recursos. No es ficción ni una exageración: es el futuro que nos espera si el Gobierno de Gustavo Petro sigue jugando con la financiación del sistema de salud.
Si la reforma a la salud no garantiza una UPC suficiente, el sistema está condenado al colapso. No es alarmismo, es realidad: sin los recursos adecuados, las EPS quebrarán, los hospitales cerrarán y millones de colombianos verán vulnerado su derecho a la salud. Pero el problema no es nuevo, y su responsable tiene nombre propio: el Ministerio de Salud.
La Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo que financia la atención médica en el país, ha sido manejada con negligencia por parte del Gobierno. Lo que debería ser un cálculo técnico basado en datos y necesidades reales se ha convertido en una herramienta de improvisación y manipulación presupuestal. La consecuencia es clara: desfinanciamiento del sistema, inestabilidad en la prestación de servicios y una crisis sanitaria en aumento.
La Corte Constitucional, mediante el Auto 769 de 2023, ya le advirtió al Gobierno que la UPC fijada para 2024 es insuficiente y que no garantiza la sostenibilidad del sistema ni el acceso efectivo a la salud. Pero el Ministerio, en lugar de acatar el fallo, sigue actuando con indolencia, ignorando la realidad y condenando a los ciudadanos a un servicio de salud cada vez más precario. ¿Hasta cuándo seguirá el Estado incumpliendo sus obligaciones?
No es la primera vez que la Corte le ordena al Gobierno corregir el rumbo. Desde hace años ha emitido sentencias claras exigiendo una UPC ajustada a los costos reales de la prestación del servicio. Sin embargo, el Ministerio sigue postergando decisiones, maquillando cifras y dejando a las EPS y a los pacientes en la incertidumbre. Es una irresponsabilidad imperdonable.
El reciente ajuste de la UPC es otro ejemplo de esta incompetencia. En lugar de basarse en estudios técnicos serios y en criterios de sostenibilidad, el Ministerio ha tomado decisiones arbitrarias que no garantizan los recursos suficientes. Mientras tanto, el desfinanciamiento sigue creciendo y los ciudadanos pagan las consecuencias con barreras de acceso, demoras en la atención y la quiebra de prestadores de salud.
El Ministerio de Salud debe dejar de lado la negligencia y asumir de una vez por todas su responsabilidad. No más excusas, no más dilaciones. La ciudadanía merece un sistema de salud estable y financiado, no uno que dependa de la improvisación y el incumplimiento de fallos judiciales.
Es momento de corregir el rumbo, y el Congreso puede hacerlo. La salud de los colombianos no puede seguir siendo víctima de la inacción gubernamental.
