La iniciativa, que contempla una intervención de 11,56 kilómetros entre las calles 99 y 200, incluye 14 estaciones, carriles exclusivos tipo BRT, más de 150 buses eléctricos y un patio portal de más de 80.000 metros cuadrados, con una inversión estimada de 1,6 billones de pesos. Aunque se presenta como una solución integral de movilidad y sostenibilidad, Bastidas advirtió que existe una preocupante brecha entre las promesas oficiales y la información técnica disponible.
El cabildante cuestionó la cifra de 133.000 pasajeros diarios proyectados como beneficiarios del corredor, señalando la falta de claridad en los modelos de demanda y en el impacto real sobre el uso del vehículo particular. Asimismo, advirtió sobre posibles afectaciones durante la ejecución de las obras, previstas por tramos simultáneos durante tres años. Según estudios del borde oriental, la velocidad podría reducirse en un 41% y los tiempos de viaje aumentar hasta en un 34% para transporte público. “No existe un plan detallado de manejo de tráfico que mitigue estos impactos”, afirmó.
Además, en materia ambiental, el concejal indígena alertó sobre la intervención de más de 2.500 árboles, entre traslados, reemplazos y posibles talas, con tasas de mortalidad que podrían alcanzar el 40%. También cuestionó la falta de claridad sobre los planes de compensación ambiental: “El proyecto no ha presentado un balance ambiental completo que garantice que la plantación de nuevos árboles supla la pérdida ecológica en un corredor altamente sensible”, indicó.
También se denunció la ausencia de estudios integrales sobre el impacto social del proyecto. A la fecha, no se conoce cuántos comerciantes, residentes y vendedores informales serán afectados, ni existen planes claros de reubicación o compensación. Recordó que experiencias recientes en obras como la Avenida 68 y la Primera Línea del Metro han generado caídas de hasta el 50% en las ventas de sectores intervenidos, lo que podría repetirse en este caso.
Se realizó énfasis en las críticas previas del hoy alcalde Carlos Fernando Galán sobre la implementación de sistemas tipo TransMilenio en la Séptima, señalando una contradicción frente a la actual ejecución del proyecto; además, alertó sobre incertidumbres técnicas relacionadas con redes de servicios públicos. Según la Empresa de Acueducto de Bogotá, entre el 60% y el 80% de la red matriz podría requerir intervención, lo que implicaría mayores costos, tiempos de obra y riesgos adicionales.
Bastidas concluyó su intervención haciendo un llamado a la Administración para actuar con mayor transparencia, rigor técnico y responsabilidad fiscal.
“Bogotá necesita mejorar su movilidad, pero no a costa de improvisaciones. La ciudad merece claridad, planificación y garantías reales sobre los impactos de una obra de esta magnitud”, concluyó.
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