Las amenazas a Arcoiris

No es la primera. Y ojalá fuese la última. Otra vez, manos criminales hicieron llegar a las instalaciones de la Corporación Nuevo Arcoiris un sufragio anunciando la muerte de ocho personas, en su mayoría con vínculos de distinta naturaleza con el trabajo que adelanta este centro de pensamiento no gubernamental.

 Es un nuevo eslabón de una cadena de ataques, el anterior denunciado por la misma Unidad Nacional de Protección, que comprometen también la vida de los investigadores Claudia López, Ariel Ávila y León Valencia.

Estelar ha sido el papel de Arcoiris en la investigación y documentación de la parapolítica. Esa mezcla muy colombiana de estructuras criminales, agentes del Estado, narcotráfico y redes políticas tradicionales. También han documentado la mutación del paramilitarismo en Bandas Criminales o BACRIM y adelantaron un seguimiento permanente y riguroso a la evolución del conflicto armado colombiano. Es conocido también el aporte de esta ONG al debate público sobre las políticas de seguridad de Bogotá y otras ciudades y regiones del país. Esa muy importante labor es suficiente para que la sociedad colombiana la proteja y para que el Estado blinde y garantice plenamente su trabajo. Porque de allí se derivan buena parte de las amenazas y riesgos que se ciernen sobre ella.

Pero hay otro papel de Arcoiris que antes y ahora aumentan su vulnerabilidad. Han participado activamente en la promoción del proyecto “Tierra y Vida” y procesos de movilización por la restitución de tierras en la región de Urabá y el Caribe colombiano. Allí han jugado un destacado liderazgo Alejandro Suárez, Carmen Palencia y el hoy candidato verde al Senado Antonio López, tres de los amenazados. Y en coherencia con su historia mantienen un indeclinable compromiso con la solución política y negociada del conflicto armado. Por ello adelantan permanentes acciones para ambientar los diálogos de La Habana y acompañan, formulando recomendaciones puntuales al Gobierno Nacional, un eventual inicio formal de diálogos entre el Gobierno Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional.

Sospecho que en las últimas amenazas tienen las manos metidas sectores recalcitrantes que se oponen a la búsqueda de La Paz por la vía del diálogo y la negociación. Que no le perdonan a Arcoris y a sus directivos provenir de un proceso de paz como el de la Corriente de Renovación Socialista. Que haciendo gala de una mentalidad de “guerra fría” dicen equivocada y maquiavélicamente que Arcoris es una especie de “rostro legal” de los elenos. Y que pretenden sabotear los diálogos con el ELN atacando al más importante y exitoso referente de La Paz de los noventa.

Al gobierno colombiano le corresponde evitar que estas amenazas se cumplan. Sería un pésimo mensaje para quienes estamos invitando a cambiar las armas por los argumentos y los votos. Identificar a quienes están detrás de estas amenazas. Y proteger adecuadamente a los amenazados para que no tengan que salir del país e interrumpir su labor pública. Y no abandonar el compromiso por “cesar esta horrible noche”.

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