De nuevo tenemos noticias de la Universidad Distrital de Bogotá. Desafortunadamente para nada bien. Por el contrario, tienen que ver con irregularidades en la contratación de la ampliación de la infraestructura que se requiere para albergar a miles de jóvenes de la Capital y el país. Por los menos dos millonarias obras revelan que los criterios de excelencia y pulcritud, que todos pedimos a una Alma Mater, no se aplican en el manejo de los sagrados recursos de la educación pública superior.
Una de estas malas noticias tiene que ver con la tan esperada y prometida sede de la Universidad Distrital en la localidad de Bosa, Ciudadela El Porvenir, al occidente de la Capital. Cabe recordar que esta promesa tuvo su inicio hace 10 años. Mediante un Convenio interinstitucional celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y la Universidad. Dicho convenio estableció los aportes del Distrito en 30 mil millones y de la U Distrital en 40 mil millones de pesos y dio viabilidad jurídica a la convocatoria del concurso para el anteproyecto arquitectónico de dicha “Ciudadela Educativa”.
La historia de las desdichas comienza con la contratación en el 2009 de los estudios y diseños que tuvo un sobrecosto de $103.815.070. Posteriormente, en plena fiestas navideñas, el 24 de diciembre de 2013, en un controvertido proceso licitatorio se contrató con el consorcio ZGO la construcción de la nueva sede por un valor de $69.402.795.474. Mientras que la interventoría de la obra se contrató con el Consorcio Unidistrital por un valor de $3.498.148.200, para un total de inversión de $73.997.883.661.
En su momento, hay que reconocerlo, el Alcalde Petro advirtió que los costos por metro cuadrado para esta obra duplicaba el precio por metro cuadrado de los megacolegios construidos en esa misma zona. Y el Secretario de Educación Oscar Sánchez se retiró del Consejo Superior cuando no fue atendida su solicitud de que este proceso contractual fuese asumido por FONADE ante las dudas por la idoneidad y transparencia de la Universidad para llevarlo a cabo. Hoy esos reparos encuentran fundamento. A pocos meses de iniciada la obra, en marzo de 2014 el consorcio contratista ZGO solicitó a su favor el giro de $710.653.000 millones por intereses moratorios debido a que “la universidad había demorado el giro del anticipo del contrato”.
Ahora sabemos que el pasado 3 de junio el mismo contratista solicitó, con la venia de la interventoría, una adición por $16.913.758.525 y una prórroga de tiempo de dos meses y medio amenazando con que si ello no ocurre la obra quedaría inconclusa. Y como si fuera poco, el consorcio interventor, a propósito de la prórroga en el tiempo de ejecución del contrato, solicita una adición por $218.634.263. En conclusión, una obra que debía entregarse el pasado 8 de septiembre, tendría un sobrecosto del 25.52%.
La otra mala noticia ocurre en sede La Macarena. La Universidad adjudicó a la Unión Temporal Fénix, en noviembre del 2010, el contrato para la construcción del edificio B de dicha sede por un valor de $12.441.630.000 para los estudios, diseños y construcción del edificio B, cuyo plazo de ejecución inicial fue de 21 meses. Cinco años después no se ha colocado un solo ladrillo y la Universidad ya ha girado al contratista $2.504.819.600, a pesar de que la forma de pago pactada establecía que se girarían los recursos según el avance de la obra.
La Universidad Distrital se resiste al control sobre su gestión alegando el criterio de autonomía universitaria. Pareciera que la autonomía se usara para tener su propio entramado irregular en la contratación de sus recursos. Llegó la hora de que la ciudad condicione a unas metas de desempeño el giro de los 80 mil millones de pesos que en promedio anualmente gira a la Universidad Distrital. La discusión del presupuesto de la vigencia fiscal 2016 que se adelantará en el Concejo de Bogotá, a partir del 1 de noviembre, es una buena oportunidad para hacerlo. A lo mejor evitamos más malas noticias de nuestra Alma Mater.
@AntonioSanguino
