Bogotá tendrá para el próximo año uno de los presupuestos más altos de su historia. Según cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Hacienda, el Concejo de Bogotá aprobó un presupuesto que supera los 40 billones de pesos, con un incremento del 4,5 % frente al año anterior, es decir, 1,82 billones de pesos más que en 2024.
De este total, el 81% del presupuesto (32,5 billones de pesos) se destinará a inversión pública, mientras que 5,3 billones (13%) irán a gastos de funcionamiento y 2,6 billones (6,4%) al servicio de la deuda. En el papel, la ciudad debería avanzar; en la realidad, los bogotanos siguen atrapados en el caos y la inseguridad.
Los sectores con mayor asignación presupuestal serán Movilidad (9,2 billones de pesos – 22,7%), Educación (9,1 billones – 22,5%) y Salud (5,3 billones – 13%), concentrando juntos el 58,4% del presupuesto distrital. Sin embargo, el tamaño del presupuesto no se traduce en soluciones reales para la ciudadanía.
Desde el sector movilidad, eje central de mi control político y razón por la cual fui elegido por motociclistas, conductores y ciudadanos debo advertir con total claridad que estamos ante un escenario alarmante:
Se asignan más recursos, pero la ciudad no ve resultados.
Bogotá no caminará ni rodará segura mientras la Secretaría de Movilidad continúe demostrando incapacidades estructurales en planeación y ejecución, y mientras los recursos públicos sigan diluyéndose entre malas decisiones, contratos cuestionables y una evidente corrupción que corroe este sector.
Las cifras hablan por sí solas. Para 2026, la Secretaría de Movilidad solicitó:
- $32.000 millones para “robustecer plataformas tecnológicas”, que hoy despiertan serias dudas sobre la contratación con particulares.
- $36.000 millones para fortalecer procesos contravencionales, es decir, más presión, más sanciones y más recaudo sobre los conductores.
- $57.000 millones para mantenimiento de semáforos, pese a que la ciudad enfrenta fallas constantes y reportes diarios de inoperancia.
- $98.000 millones para señalización vial en vías intermedias y locales, una política que ha significado más tachones, más accidentes, reducción de carriles, afectación a comerciantes y comunidades enteras.
Estos recursos demuestran que el grueso del presupuesto de movilidad no está pensado para beneficiar al ciudadano, sino para fortalecer sistemas de recaudo, favorecer terceros y profundizar un modelo de persecución contra conductores y motociclistas.
Lo más grave es el desinterés absoluto por salvar vidas y educar. Mientras se destinan miles de millones a sancionar, las cifras para prevención y transparencia son irrisorias:
- $273 millones para formación en prevención y siniestralidad vial.
- $40 millones para estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción.
- $58 millones para socializar el sistema de gestión antisoborno.
No hay justificación para que la Secretaría de Movilidad reduzca en un 40 % el presupuesto de cultura ciudadana y en 8 % las actividades de prevención vial, mientras culpa a los ciudadanos del caos que ella misma genera: obras mal planeadas, señalización improvisada, semáforos dañados, agentes abusivos y comparendos injustos. Todo esto sin socialización, sin pedagogía y creando un ecosistema diseñado para inducir al error y solo sancionar.
Estos y muchos otros argumentos sustentaron mi voto negativo al presupuesto del alcalde Carlos Fernando Galán, porque no hay lógica ni coherencia en sus prioridades:
- Apertura de nuevas obras de infraestructura cuando tenemos frentes de obra abandonados, con retrasos significativos y sin sanciones por incumplimientos
- Baja asignación de recursos al Sector de Seguridad, cuando la ciudad vive una de su peores crisis de inseguridad
- Una reducción significativa en las metas de vivienda, ¿dónde quedaron las promesas de subsidios de vivienda para miles de familias que hizo en Campaña el Alcalde Galán?
- En todos los sectores se puede evidenciar una priorización de los intereses privados sobre los intereses sociales y la población vulnerable
- La participación ciudadana en esta administración quedó totalmente anulada, la ciudadanía quedó silenciada y sin presupuesto para gestión en las localidades
- La ciudad enfrenta crisis de basuras, de salud, de educación y hay una mirada indiferente por parte de esta administración hacia estas problemáticas.
Esta Alcaldía improvisa con los recursos de los bogotanos. Por esa razón voté negativamente este presupuesto, en el que no encontré proyectos ni programas reales de bienestar para los millones de motociclistas y conductores que se movilizan a diario por Bogotá, que también pagan impuestos y contribuciones y merecen rodar seguros.
Hoy, los recursos públicos están siendo vistos por intereses privados como un negocio, no como una herramienta para brindar soluciones reales a la ciudadanía. No seré cómplice de la burocracia ni del despilfarro, ni de una administración que diluye el dinero de la gente.
Los gastos de funcionamiento siguen creciendo y también serán objeto de mi control político estricto, porque Bogotá no puede seguir tragando entero.
El recurso público es sagrado.
Bogotá merece respeto.
Concejal de Bogotá
