No me gusta ser apocalíptico. Pero estas elecciones presidenciales que por fin terminaron nos dejan una larga lista de sinsabores y preocupaciones. Sobre todo a quienes abrigamos el sueño de una reconciliación nacional, una democracia más sólida, una sociedad menos desigual y responsable con nuestro inmenso patrimonio ambiental. A quienes creemos que ello es posible si superamos por igual la guerra y la corrupción, y adelantamos urgentes reformas en la justicia, la economía y la política. A quienes sabemos que esos cambios no transitan por los recovecos de la política tradicional.
Nos ha quedado un país polarizado y dividido. Mal dividido podríamos decir. Porque buena parte de la sociedad se alinderó pasional e irracionalmente a lado y lado de una contienda entre iguales. O casi iguales. No hay que hacer mayores esfuerzos intelectuales para identificar las similitudes programáticas entre Santos y Zuluaga en materia económica o en política social. Ambos cacarean lo que Uribe denomina “confianza inversionista”. Se pelean la autoría y expansión de las “familias en acción” como el gran salto en política social. Coinciden en la defensa de la minería que arrasa nuestros ecosistemas. Y en la negociación del conflicto armado o en las relaciones con nuestros vecinos terminaron aproximandose. Con razón Santos dijo que si Zuluaga modificaba su posición frente a los diálogos de La Habana lo invitaría a ser parte de su gabinete en caso de ser reelegido. Lo triste es que una parte de la izquierda y de los sectores independientes terminaron atrapados en esta división de las élites.
Nos quedó una institucionalidad seriamente maltratada. Una democracia en entredicho. Porque tanto el Presidente/candidato como el Uribismo no ahorraron esfuerzos para llevarse por delante los valores y las instituciones democráticas. Y como habían compartido en el pasado inmediato el afán por el unanimismo ahora cada uno lo quiso imponer contra su nuevo contendor. Las autoridades electorales, los órganos de control, la justicia, la gran prensa, el empresariado y hasta las fuerzas armadas terminaron haciendo cola en cada una de las campañas. Han dicho que la disyuntiva entre Santos y Zuluaga no sólo era entre la guerra y la paz. Que a Santos le podríamos confiar la protección de nuestra democracia. Pero los hechos son tozudos y demuestran que el Presidente no tiene que envidiarle a Uribe el uso de los recursos y las instituciones públicas para su reelección.
Punto aparte merece el retroceso para las alternativas políticas a las tradicionales. Ojalá que no se haya comprometido el capital político acumulado en las dos últimas décadas y que se expresaron en la primera vuelta con las votaciones del polo, de los verdes y los más ochocientos mil ciudadanos que sufragaron en blanco. No hay que olvidar que Carlos Gaviria logró posicionar una alternativa de izquierda democrática al proyecto de todo el establecimiento representado en Uribe en el 2006. Que en el 2010 Antanas Mockus en nombre de los verdes interpretó al país que no se sentía representado en la alianza uribesantista. Y que el propio alcalde Gustavo Petro logró movilizar más de un millón de votos en nombre de un Polo en su peor momento de crisis.
Independientemente del ganador el país tiene el enorme desafío de bajarle el volumen a una confrontación que ha mostrado nuestra capacidad para la intolerancia, si de verdad queremos una sociedad en paz y una confrontación política civilizada. Que tendremos que recuperar la independencia y solidez de nuestras instituciones públicas. Que debemos adelantar una reforma electoral para romper el unanimismo en las autoridades electorales, regular las encuestas y los debates en los grandes medios de comunicación. Y que las fuerzas independientes se mantengan en la lucha por las transformaciones democráticas. Con ello nos podríamos a salvo del Apocalipsis.
