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Al filo de la media noche de ayer, 11 de marzo, la mayoría del Concejo de Bogotá aprobó en la Comisión de Hacienda (primer debate) un acuerdo que pretendía resolver el malestar y la justa protesta social de los bogotanos frente al cobro de la valorización (fase II), ordenada por el Acuerdo 180 de 2005 y sus acuerdos modificatorios. La administración del Alcalde Petro aplazó este cobro hasta el 29 de abril, mientras el Concejo debatía un nuevo proyecto que incluyera cambios progresivos de fondo en el tema, como la vigencia de la valorización por beneficio general y la realización, por vías de financiación distintas a esta contribución (recursos propios o endeudamiento), las obras en los sectores más deprimidos de la ciudad.
Sin embargo, desafortunadamente para la ciudad, lo aprobado ayer por la mayoría del Concejo no resuelve los problemas creados y simplemente los aplaza en el tiempo dándole prelación a su sectaria batalla política contra Bogotá Humana, frente al ineludible deber de atender los reclamos ciudadanos.
Si bien es cierto se reduce el monto global del primer cobro de la contribución de valorización, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones que significan que estamos lejos de resolver los problemas que justamente movilizaron a los bogotanos:
- La mayoría del Concejo aprobó realizar por valorización local las obras del Grupo 2 del viejo Acuerdo 180 de 2005, en contravía de la propuesta de la Administración Distrital que fueran financiadas por cupo de endeudamiento, es decir, por todos los bogotanos.
- La mayoría del Concejo no aprobó la propuesta de excluir del pago de la contribución de valorización los predios cuyo avalúo catastral fuese inferior a $80’000.000, lo que habría beneficiado a 160.530 propietarios de inmuebles modestos.
- La mayoría del Concejo decidió mantener como fórmula para calcular el monto de la contribución la llamada “de factores de beneficio”; fórmula compleja, inequitativa y poco técnica, que fue la causa de muchos cobros exorbitantes. El Cabildo despreció la nueva fórmula propuesta por el Alcalde Gustavo Petro que tenía como base el avalúo del inmueble y su distancia a la obra, mucho más justa, más soportada técnicamente y fácil de comprender. El Concejo terminó ratificando una fórmula que criticó en todas las sesiones de discusión del tema por el simple hecho de que la nueva fórmula tenía origen en el IDU.
- La mayoría del Concejo decidió aplazar por un año el cobro de valorización por las obras del POZ Norte ($420.000’000.000) y no derogar el acuerdo 451 de 2010 que lo ordenó. Es decir, para los residentes de la Calle 72 hacia el norte el problema quedó aplazado pero no resuelto.
- Contrario a las propuestas hechas en la ponencia positiva presentada por el Progresismo y acogidas por la Administración, la mayoría del Concejo eliminó el criterio que la contribución de valorización debía tener un límite y no podía ser mayor al equivalente a uno o dos prediales por año (si se trataba de uso residencial u otro uso, respectivamente). Se negó, además, a incluir la exclusión del cobro a las instalaciones de las Juntas de Acción Comunal de Bogotá.
- La mayoría del Concejo no aprobó la eliminación de las fases III y IV, ni de los grupos de obra 3 y 4 del viejo Acuerdo 180 de 2005. Simplemente los aplazó, y esto significa, en plata blanca, cobrar a los bogotanos la gigantesca contribución correspondiente en los años 2015 y 2017.
- La mayoría del Concejo excluyó la posibilidad de la rehabilitación de la deteriorada malla vial de Usaquén, Puente Aranda y Chapinero a través de la valorización local y el mejoramiento de la movilidad en la Avenida Caracas con la construcción de pasos deprimidos mediante la valorización por beneficio general.
La ciudadanía espera que la mayoría del Concejo deponga su actitud cerrera e intransigente de oposición a Gustavo Petro y permita que en el segundo debate se incorporen los criterios progresivos que hoy fueron despreciados por lograr una aparente victoria. Los ciudadanos, más temprano que tarde, comprenderán que lo aprobado anoche en el Concejo es la supervivencia del repudiado acuerdo 180 de 2005 y sus nefastas consecuencias para el bolsillo de los contribuyentes.
