El Concejo de Bogotá borró de un pupitrazo las políticas afirmativas que protegían a seres y grupos poblacionales vulnerables: los afrocolombianos, los indígenas, los pueblos ROM, los LGBTI, etc. Asignaron un presupuesto exiguo a la Secretaría de la Mujer. Dieron un mazazo a la naturaleza y al ambiente: la reserva Van der Hammen que pretenden urbanizar, la ALO que afecta varios humedales, y el botadero de basuras Doña Juana al que no le presentan alternativas para respetar el aire y a los habitantes del sector.
Se ha instaurado en Bogotá, una alianza política sui generis, por su inconsistencia con el posicionamiento político de los partidos a nivel nacional, incluso frente a la paz y las políticas sociales. Esta élite impuso al Distrito Capital, el Plan Distrital de Desarrollo más costoso, agresivo con el ambiente, privatizador y regresivo en materia social del que se tenga historia. Entre tanto, el establecimiento y los medios de comunicación celebran con bombos y platillos el regreso a la política de los grandes negocios.
En Bogotá existe, gracias a los gobiernos de la izquierda, una política de inversión social y reconocimiento a los sujetos de derecho. Estos derechos están amenazados por el Plan de Desarrollo de Peñalosa. En su concepción política, la inversión del Estado debe apalancar los proyectos de los más adinerados al considerar que son ellos quienes generan riqueza y empleo. No cree en el desarrollo humano. Le apuesta al desarrollo económico. Poco importa que para economizar unos cuantos pesos, la memoria de una víctima de feminicidio atroz sea pisoteada por la Secretaría de Gobierno haciéndola responsable de su propio suplicio y muerte. En este caso, hubo actos graves que no se pueden subsanar mediante la simple corrección de un texto.
No es una administración para la inclusión social ni de amor por la naturaleza, sino para rendir pleitesía a la riqueza. Grandes avenidas para quienes puedan pagar peaje. Se podrá comprar el derecho a contaminar el aire, a producir CO2, a hacer ruido y a crear trancones las 24 horas del día, 7/7. El grueso de los bogotanos, por ser pobres, tendrán que cumplir el pico y placa; transitar por los trancones de siempre; seguir soñando con la construcción del Metro y apretarse en el TRANSMILENIO que Peñalosa vende como la gallina de los huevos de oro.
En una decisión inaudita, el Concejo Distrital, con mayoría abrumadora, se despojó de sus funciones y competencias para tramitar reformas tributarias y administrativas, para derogar, fusionar e implementar nuevas normas y observatorios. Todo lo que pidió el alcalde se le aprobó sin pestañear. Desde hoy gobernará él, por decreto, como en cualquier república bananera, puesto que los concejales elegidos por el pueblo renunciaron a sus funciones y le cedieron un cheque en blanco al mandatario que debían controlar en la construcción normativa de las políticas públicas.
Estas actitudes son peligrosas para la democracia, burlaron las normas y se pasaron la ética por la faja; se saltaron procedimientos legales previos a la venta de la ETB y los debates en la comisión de hacienda necesarios para una reforma tributaria. Eludieron los procesos que la ley establece para el trámite de los proyectos de acuerdo o “micos” que contados por decenas, le colgaron al Plan Distrital de Desarrollo.
En el mismo sentido, el programa de gobierno que votaron los bogotanos al elegir alcalde, resultó ser una farsa. Ni el candidato Peñalosa ni los otros partidos que conforman su mayoría en el Concejo de Bogotá, le dijeron a los ciudadanos que iban a vender la ETB; por el contrario, se comprometieron a no hacerlo. Los unos escondieron durante la campaña sus verdaderas intenciones y una vez elegidos sacaron las uñas. Los otros traicionaron sus propias promesas hechas en las reuniones de campaña y que habían consignado en sendos documentos ante la Registraduría distrital.
Los recursos que respaldan el Plan Distrital de Desarrollo son del orden de 96 billones de pesos, de los cuales 30 son recursos inciertos. De no consolidarse las fuentes previstas (Venta de la ETB., asociaciones público/privadas, pagos por congestión, valorización, etc.), quedarían desfinanciados importantes proyectos sociales por estar asociados a dichos recursos. Recordemos el “talante social” del alcalde Peñalosa, cuando en el curso del debate se le propuso a la Administración Distrital amarrar a la venta de la ETB., “… la protección laboral a personas con limitación física visual o auditiva y para los trabajadores próximos a pensionarse”. La respuesta fue un NO rotundo que ni siquiera consideró necesario argumentar.
CELIO NIEVES HERRERA
CONCEJAL DE BOGOTÁ
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
