• Solo en Bogotá, la lista de espera para un cupo en centro de Integración Social supera las 200 personas.
• Esta población con discapacidad ya no tiene acceso a los servicios de atención integral como alimentación, atención psicosocial y cuidado permanente.
Bogotá, marzo 13 de 2020. En carta enviada al Presidente de la República, Iván Duque, el Concejal del Partido Alianza Verde Andrés Onzaga, solicitó medidas concretas y urgentes que atiendan el clamor de las familias afectadas por la Ley 1878 de 2018, con base en la cual se desvinculó a los niños, niñas y jóvenes mayores de edad con discapacidad severa de los programas de cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Continua el drama que viven las familias de estos 700 niños, niñas y jóvenes mayores de edad con discapacidad severa, que inició el pasado mes de noviembre de 2019 cuando el ICBF cerró el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, PARD, razón por la cual esta población con discapacidad ya no tiene acceso a los servicios de atención integral como alimentación, atención psicosocial y cuidado permanente.
“Hemos estado trabajando desde noviembre, en procura de acciones afirmativas que garanticen la protección de derechos de las personas afectadas realizando enlaces entre el nivel Distrital y Nacional, pero a la fecha estos jóvenes y sus familias siguen a la deriva y el Estado no ha encontrado una solución que resguarde a esta población”, señaló el Concejal.
Por lo cual, le pide expresamente al Presidente de la República, Iván Duque, “que le brinde atención prioritaria a la problemática de estos niños, niñas y jóvenes y sus familias, y así evitar seguir vulnerando sus derechos”, señaló Onzaga, quien además recordó que, “estas familias en su mayoría son monoparentales, cabeza de hogar y no cuentan con empleos fijos debido a que se ocupan 24/7 de sus hijos o familiares con discapacidad severa”.
Según explicó el concejal, la Ley 1878 de 2018 modificó el código de Infancia y Adolescencia, y ordena que el Defensor de Familia de por terminada la atención administrativa, independientemente si los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad tengan o no garantizados o restablecidos su atención; dado que como dice la Ley “en ningún caso el proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento podrá exceder los 18 meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el reintegro a su medio familiar”.
El común denominador de estos casos gira en torno al cierre de procesos administrativos de restablecimiento de derechos al cumplir la mayoría de edad y en menores de 6 años que estén en “modalidad de externado”; lo que da origen a una inobservancia y exclusión de derechos constitucionales e internacionales como lo son el derecho a la salud, educación inclusiva, atención integral y al mínimo vital.
Finalmente, el concejal Onzaga instó al ICBF para que en sus programas de protección responda a las necesidades de esta población, garantizando su atención y no retroceso en las habilidades logradas. De igual manera llamó la atención para lograr políticas y procesos que disminuyan las situaciones de vulnerabilidad, exclusión e indiferencia a la que es sometida esta población.
Cel 3014112776
