La concejal Clara Lucía Sandoval alertó en debate de control político sobre retrasos, sobrecostos y fallas en la gestión contractual de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas, una obra clave para la descontaminación del río Bogotá.
Durante su intervención en la Comisión de Hacienda, señaló que el proyecto tiene un avance físico cercano al 98%, pero presenta un desfase del 2%. Aunque su entrega estaba prevista para 2026, aún no entra en operación.
“Bogotá no puede seguir esperando. Cada día de retraso significa más contaminación, más afectaciones a la salud y más deterioro ambiental”, afirmó.
Los retrasos no son recientes. Se originan en decisiones de administraciones anteriores, como la permanencia de tuneladoras enterradas a más de 70 metros durante el gobierno de Gustavo Petro, lo que generó sobrecostos cercanos a $25 mil millones y dificultades técnicas que aún impactan la obra.
El contrato, firmado en 2018 por más de $351.000 millones, ha tenido adiciones superiores a $20.000 millones y una prórroga acumulada de 756 días. Además, se han registrado pagos adicionales por más de $6.300 millones derivados de decisiones arbitrales, lo que incrementa la preocupación sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La concejal también destacó hallazgos de la Contraloría de Bogotá sobre debilidades en control y seguimiento, como errores en el Plan de Inversión del anticipo, inconsistencias financieras y fallas en la supervisión. Aunque fueron corregidos, evidencian problemas de trazabilidad.
Frente a los retrasos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha señalado demoras en equipos, atrasos en obra civil y trámites con Enel-Codensa y la ANI. Sin embargo, Sandoval enfatizó que “no pueden seguir siendo excusa después de más de seis años de ejecución”.
El impacto ambiental es crítico. Mientras la obra no opere, el río Fucha descarga cerca de 137,4 toneladas diarias de contaminación y el río Tunjuelo otras 114,5 toneladas. Incluso finalizada la estación, persiste incertidumbre por la falta de la planta de tratamiento. “No es solo un retraso técnico, es un problema ambiental y de salud pública”, advirtió.
En el debate, la concejal solicitó claridad sobre la fecha de entrada en operación, sanciones al contratista, medidas correctivas, costo final y riesgo de nuevas prórrogas. “Más de $346.000 millones ya han sido ejecutados. La ciudadanía merece resultados, transparencia y responsabilidad”, concluyó.
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