Se han gastado más de 600 millones de pesos en inversiones sociales en la localidad de Rafael Uribe Uribe en plena pandemia y la alcaldía hoy no tiene cómo sustentarlo. La Concejal Diana Diago evidenció la mala gestión que ha venido realizando esta alcaldía local, en el desarrollo de las escuelas de formación deportiva. Analizando el listado de entregas de uniformes y refrigerios para cumplir las obligaciones contractuales, se encontraron presuntas inconsistencias.
En el año 2019, la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, abrió licitación para la formación de jóvenes en escuelas deportivas e inició su ejecución desde mayo del 2020, tiempo en que la ciudadanía se encontraba en confinamiento total, por el Covid-19. Se trata del contrato #323 del 2019.
Esta alcaldía realizó tres pagos al contratista por un total de $601.397.503 y por las fechas del contrato era imposible su ejecución.
“Hice una investigación exhaustiva junto a mi equipo, en la cual no aparecen los registros en el almacén de la localidad sobre la entrada y salida de uniformes, elementos deportivos y refrigerios que supuestamente se entregaron a niños que estaban practicando diferentes disciplinas. El alcalde de Rafael Uribe Uribe no pudo explicarme sobre el dinero que se gastó en estas escuelas de formación deportiva. No hay registro ni de los instructores de las clases”. Denunció la Concejal.
Dentro de la información obtenida, existe una planilla de entrega de uniformes en dónde se diligenció los datos del joven y su número de contacto. No existe ninguna relación entre los nombres de los menores y el número de teléfono relacionado.
“Llamamos uno a uno, de los más de 30 niños que aparecen en la lista. Las personas que nos contestaban no conocían el nombre del menor. ¿Entonces? ¿A quién se le entregó el uniforme correspondiente?. Muchas casillas fueron llenadas por la misma persona, ya que coincide la letra y el mismo número. ¿No hubo una persona que verificará la información y la entrega? ¿Por qué no existe el registro?”.
La evidencia encontrada no tiene firma de algún supervisor que garantizara las entregas pero si hay muestra del dinero girado a los contratistas. ¿Entonces me pregunto cómo pagaron? Incluso, dentro de las obligaciones del contrato estaba el realizar un estudio psicosocial del impacto de las escuelas, pero cuando se pidió información, la misma alcaldía local contestó que esa documentación no fue solicitada. Es decir incumplieron el contrato.
La Concejal Diana Diago le exigió a la alcaldía local, a la secretaría de gobierno dar explicaciones congruentes sobre el paradero de los más de 600 millones de pesos. A los organismos de control que vigilen con lupa las gestiones que adelantan las alcaldías locales. ¡A este gobierno de Claudia López, abanderado engañosamente de anticorrupción, se le olvidó el discurso de no robar!
