El concejal del Partido de la U, Rubén Torrado Pacheco, quien lideró la investigación, alertó acerca del manejo de la defensa jurídica y la prevención del daño antijurídico en las entidades distritales. Torrado asegura que desde el 1 de enero de 2016 hasta el día de hoy, el distrito ha sido condenado 2.691 veces por un valor de 839 mil millones de pesos.
Lo más grave es que en 2016 se creó la Secretaría Jurídica Distrital con el fin de que ésta diese los lineamientos para evitar sanciones o demandas por mala ejecución. Sin embargo, parece que no ha funcionado, pues las directrices y orientaciones que da la entidad no están siendo atendidas ni aplicadas. Hasta ahora el distrito tiene más de 8 mil procesos, en su gran mayoría por motivos similares.
Las entidades que son más demandadas son las subredes, las cuales pertenecen al sector salud, pues desde 2016, éstas han recibido cerca de 2.246 demandas, lo que equivale aproximadamente a 263 mil millones de pesos.
Otros sectores que van en contravía de la austeridad prometida son el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) que tiene más de 430 procesos activos en contra que suman más de medio billón de pesos en reclamaciones; el FONCEP (Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones) que suma 58 mil millones de pesos por 400 procesos. También se destacan la Secretaría de Integración Social con 398 procesos activos, la Secretaría de Movilidad con 396 demandas en contra, el Acueducto con 343 procesos y la Secretaría de Hacienda la cual tiene 266 procesos en contra por una suma superior a los 366 mil millones de pesos. “En éstas entidades es claro decir que existe una ineficiente gestión administrativa que representa un enorme desgaste judicial para la ciudad, ¿será que la administración se resignó a defenderse y no a prevenir que lleguen demandas en su contra?”, asegura Torrado.
Al concejal Rubén Torrado lo que le resulta llamativo de la situación, es que esto no solo se trata de las entidades que más procesos tienen, sino de las entidades que demandan por altas sumas de dinero, entre estas se encuentra Transmilenio, la cual no tiene suficiente solidez jurídica y ha permitido que todos sus contratos se conviertan en un dolor de cabeza. A su vez la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, continúa con el pleito eterno del relleno Doña Juana, por casi un billón de pesos; el Instituto Distrital de Recreación y Deporte tiene un proceso por vulneración de los derechos laborales desde 2016, pero lo que más sorprende al concejal, es que en 2019 denunció que el distrito iba a tener problemas por las irregularidades del contrato que estaba adjudicando el Departamento Administrativo de la Defensoría Del Espacio Público para el mobiliario urbano, lo que hoy lo tiene en un proceso de conciliación extrajudicial a el DADEP por más 702 mil millones de pesos.
Cabe resaltar que más del 80 % de los procesos que ha perdido el distrito desde 2016 están relacionados con actos administrativos que violan los derechos de los ciudadanos y malas decisiones del Distrito como empleador.
Así las cosas, la Secretaría Jurídica Distrital se ha gastado 5.500 millones de pesos en contratos de prestación de servicios con firmas de abogados o con personas naturales para defender a la Administración y el IDU por su parte ha gastado en el mismo rubro 11.400 millones de pesos.
Cabe resaltar que estas denuncias están encaminadas en el desarrollo de una directriz para que se tomen medidas con el fin de evitar situaciones que lo pongan en el blanco de procesos judiciales, que de tomar acciones correctivas de defensa que son costosas, ineficientes y desgastantes.
Rubén Torrado Pacheco Concejal de Bogotá. Partido de la U.
